Fracaso político

La decisión del Gobierno Urkullu de elaborar una propuesta presupuestaria acorde con la esperada revisión del compromiso de déficit por parte de la UE constituye poco más que un subterfugio para edulcorar el revés político que supone la retirada del proyecto que mañana mismo se vería sometido a la consideración del Parlamento vasco. La escenificación del quiebro gubernamental gracias al viaje del lehendakari a Bruselas no puede ocultar la pasividad con la que el Gobierno jeltzale ha recabado apoyos parlamentarios a la tramitación presupuestaria, insistiendo en transferir a los grupos de la oposición una responsabilidad que competía fundamentalmente al Ejecutivo autonómico. El recurso a la posible prórroga de dos años para la reducción del déficit público por parte de España y a su también posible traslación asimétrica a las autonomías podía haber sido el margen de negociación con el que el Gobierno Urkullu buscase el entendimiento con distintos grupos parlamentarios, bien a la búsqueda del acuerdo o cuando menos de su abstención. Pero hoy por hoy sigue vigente la prórroga de las Cuentas para 2012. Y es previsible que entre los ajustes que introduzca el Ejecutivo Rajoy en el Consejo de Ministros de mañana, la dilación del plácet europeo respecto al déficit español y su posterior derivación autonómica, las posibilidades del Gobierno Urkullu para reelaborar el proyecto presupuestario queden mermadas tanto respecto al dinero disponible como en cuanto a su efectividad temporal. El Gobierno del PNV no puede seguir difiriendo sus decisiones en la política de alianzas en la fracasada creencia de que son los distintos grupos de oposición quienes se encuentran necesitados de contribuir a la gobernabilidad de Euskadi. En un panorama político tan cuarteado corresponde al Ejecutivo jeltzale decidirse de una vez, sin buscar su enésimo acomodo en la relajación de las obligaciones del déficit. Entre otras razones porque, aun siguiendo su oportunista maniobra de eludir un anunciado fracaso parlamentario a cuenta de la flexibilización de la obligación de déficit, el Gobierno Urkullu deberá aclarar en qué medida dispondrá del exiguo margen de maniobra para atenuar los ajustes en gasto social y en qué medida lo empleará para incentivar el crecimiento a través de la inversión.