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El Tribunal de Cuentas acusa a dos exalcaldes de Castro de pagos indebidos

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El Tribunal de Cuentas acusa a dos exalcaldes de Castro de pagos indebidos

La Fiscalía del órgano de control denuncia el abono de 44.195 euros a una consultora por un servicio «que realmente no llegó a ser prestado»

17.03.13 - 00:46 -
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La gestión del Ayuntamiento de Castro en las pasadas legislaturas vuelve a estar bajo sospecha. La Fiscalía del Tribunal español de Cuentas Públicas aprecia un perjuicio al erario municipal de 44.195 euros por la contratación de una consultora para que auditase las cuentas de 2001 y 2003, sin que supuestamente desarrollase el trabajo asignado. Los pagos se ejecutaron en dos mandatos diferentes, por lo que se acusa a los exregidores Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza y se implica a tres interventores que no habrían frenado estas retribuciones.

El tribunal detalla que la información recibida por el Consistorio de los dos ejercicios a contabilizar por la auditora Zubizarreta y Bask presentaba «incoherencias y carencias». Determina, por tanto, que no cumplió la tarea para la que fue contratada, «provocándose un perjuicio ilegítimo a las arcas municipales», y concluye que los cinco autores de esta presunta irregularidad deben compensar el agravio ocasionado según el periodo en que desempeñaron sus funciones.

El primer acuerdo se suscribió en verano de 2002 por un importe de 11.720 euros con el propósito de analizar las cuentas del año anterior. Sin embargo, la consultora emitió tres facturas adicionales que no ampara ninguna documentación y que derivaron en una ampliación del contrato no justificada. El Consistorio acabó desembolsando 33.695 euros entre 2002 y 2004, siendo interventores Fernando Urruticoechea y Gregorio Alcedo.

«Son falsedades»

Díaz Helguera, primer edil hasta 2003, ha señalado que el informe del Tribunal «se cimienta en falsedades». A su juicio, «por mucho que se trate de un órgano superior, tengo la documentación que acredita la regularidad de los pagos, fiscalizados previamente por el departamento de Intervención». Desacredita la inculpación con el argumento de que «no hubiésemos abonado facturas por un servicio no percibido», y lamenta que «es más difícil defender la razón y la verdad que difundir una acusación llamativa que no es cierta», criticó.

En junio de 2004 se volvió a recurrir a la misma empresa para que revisase las cifras de 2003 por un precio de 10.500 euros. La junta de gobierno local, presidida por el entonces alcalde Fernando Muguruza, aprobó una contratación que el exinterventor Urruticoechea intentó paralizar en vano al haberse llevado a cabo sin respetar el procedimiento ordinario. El actual viceinterventor, Fernando Martínez, se añade a la nómina de acusados porque parte de la retribución se realizó cuando ya trabajaba para el Ayuntamiento castreño.

Muguruza ha aprovechado para contextualizar la acusación en «una persecución contra mi persona». Sin haber sido condenado en ninguno de los procesos en los que está imputado, cuando anteriormente el Tribunal de Cuentas decidió analizar parte de su gestión, sostuvo que existía «una intención punitiva». El informe no le achacó ningún delito contable -lo que utilizó para incidir en su inocencia-, aunque advirtió de que, «al final, tendrán que conseguir incriminarme en algo, si no quedarán retratados después de todas las acusaciones vertidas contra mí».

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