El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que asumirá las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para modificar la ley de tasas judiciales cuando no han transcurrido dos meses desde que entró en vigor y ha sido denunciada por jueces, fiscales y abogados. Gallardón se mostró dispuesto a rebajar e incluso a suprimir algunos de los nuevos gravámenes, que oscilan entre 50 y 800 euros y que ahora se aplican genéricamente a personas físicas y jurídicas.
La 'ombudsman', que tiene de plazo hasta el próximo día 21 para decidir si recurre ante el Constitucional la nueva normativa, ha recomendado en un informe abaratar las tasas en la primera instancia civil y contencioso-administrativa, modularlas en función de la capacidad económica, y moderar las cuantías para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos judiciales, un argumento esgrimido por la comunidad jurídica para denunciar que los gravámenes son inconstitucionales.
De hecho, Becerril pide suprimirlos cuando se enjuicien procedimientos sancionadores y de ejecución hipotecaria, los de los recursos de suplicación y casación en el orden social, y los de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo. Por último, aboga por devolver las cantidades ya cobradas a las personas que resulten beneficiadas por la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita (el Gobierno ya ha elaborado un anteproyecto de reforma).
El titular de Justicia calificó de «muy enriquecedora» la labor de la Defensora. El ministerio estudia ahora la manera de introducir sus recomendaciones sobre las tasas, lo que le permitiría aplicar anticipadamente algunas modificaciones planteadas en el anteproyecto de reforma de la Justicia Gratuita, todavía pendiente de aprobación en el Congreso.
Según Gallardón, el abaratamiento de las tasas judiciales -denunciadas por los jueces y fiscales que han convocado la huelga del 20 de febrero- no deslegitimarían la ley que impulsó el Ejecutivo de Rajoy. Por el contrario, aseguró, la mejoran y consolidan el sistema de gravámenes aprobado en noviembre pasado.
