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editorial

Gesto de esperanza

La admisión a trámite de la iniciativa popular sobre los desahucios debe ofrecer una salida real a tan dramático problema

13.02.13 - 01:43 -
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El Congreso de los Diputados admitió ayer a trámite la iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para hacer valer la dación en pago con carácter retroactivo, establecer una moratoria para todos los desahucios y arbitrar medidas que fomenten el alquiler social. La postura favorable que en el último momento adoptó el PP obedece a que habría sido incomprensible que el partido del Gobierno se negara a la discusión parlamentaria de una propuesta que cuenta con el apoyo expreso de un millón y medio de ciudadanos y responde a un problema dramático para tantas familias. El suicidio de un matrimonio de jubilados de la localidad mallorquina de Calviá suma a la causa dos muertes más y sitúa el inminente desahucio como desencadenante de la opción humana más extrema. La votación favorable a la tramitación de la iniciativa legislativa popular no supone, ni mucho menos, la aceptación punto por punto de las reivindicaciones planteadas por la plataforma promotora. Pero expresa, de una u otra manera, la asunción de que el pacto de circunstancias que el PP y el PSOE alcanzaron tras la muerte de Amaia Egaña se queda corto para transmitir un mensaje de esperanza a quienes se encuentran literalmente al borde de la intemperie. Ni las instituciones ni las entidades financieras pueden desentenderse, sin más, de la insistente invitación a acceder a una vivienda en propiedad que representó durante años el verdadero motor de la economía española. La atención debida a quienes temen perder todos sus derechos como propietarios o como inquilinos de un cobijo propio no puede hacer olvidar la situación por la que atraviesan tantas familias que responden a sus obligaciones hipotecarias con un sacrificio al límite, mientras los inmuebles hipotecados se deprecian respecto al valor inducido por la correspondiente entidad crediticia. El sistema financiero, tan socorrido con fondos públicos, debe entender que la dación en pago no sería más que la ampliación -por onerosa que resulte- del catálogo de activos que han ido a parar al 'banco malo'.

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