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editorial

Falta de transparencia

Ana Mato está obligada a clarificar la relación jurídica con su marido

07.02.13 - 02:11 -
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La revelación de que Ana Mato estaba casada con Jesús Sepúlveda en régimen de gananciales cuando este presuntamente recibió 387.000 euros en comisiones de la trama 'Gürtel' hace insostenible la situación de la ministra de Sanidad. Sus lacónicas explicaciones de estos últimos días, alegando que la separación matrimonial la liberaba de cualquier responsabilidad sobre el dinero que manejara Sepúlveda, se han demostrado un ardid para ocultar la verdad. Ana Mato es una dirigente política experimentada en el desempeño de cargos públicos e internos -entre ellos la responsabilidad de organización del PP en 2003 y 2004-, a la que su partido encomendó dirigir la exitosa campaña electoral del 20 de noviembre de 2011. No solo debía ser consciente de que la mera participación en favores y obsequios que pudiera lograr Jesús Sepúlveda la implicaban políticamente; debía saber que los ingresos percibidos en régimen de gananciales la ligaban estrechamente a la suerte judicial que espera a quien era legalmente su marido. Ana Mato ha tratado de preservar su vida personal y familiar de la notoriedad pública. Pero en su celo no debió olvidarse del alcance legal de su posición y de la responsabilidad que contraía tras la imputación de Sepúlveda. Las palabras de ánimo que el propio presidente Mariano Rajoy le dedicó en la reunión de la ejecutiva popular del pasado sábado han quedado aguadas por una omisión imperdonable que, con el tiempo, se ha vuelto lesiva para la verdad con la que queda comprometido todo cargo público. Poco importa si Ana Mato ha actuado así por candidez o llevada por una pudorosa y equivocada manera de sortear un episodio siempre lacerante en la vida personal. La opinión pública está en su derecho de plantearse la peor de las hipótesis: la plena connivencia de Ana Mato con las andanzas imputadas a Jesús Sepúlveda. Resulta sorprendente que haya trascurrido tanto tiempo para que un dato tan crucial acabe conociéndose e, ineludiblemente, adquiriendo su propio peso en los procedimientos judiciales en curso. Si la ética política no da para actuar en consecuencia, la ministra y el presidente debieran preguntarse qué ocurriría ante una situación así en la inmensa mayoría de los demás países de la Unión Europea.

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