Los alquileres para familias desahuciadas se quedan cortos

El Fondo Social de Viviendas en alquiler para familias desahuciadas echará a andar en marzo con 5.891 viviendas que aportan 33 entidades financieras para ser alquiladas a precios moderados (entre 150 y 400 euros mensuales). Esa cifra supone que alcanzará a menos de la mitad (el 39%) de las familias desahuciadas durante la crisis si nos atenemos al cálculo aproximado del Ministerio de Economía, quien fija en no más de 15.000 las ejecuciones de embargos de primera vivienda desde 2008. Esta cifra todavía no está respaldada por estadística oficial alguna. Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y uno de los mayores expertos en el sector, que ha asesorado al PSOE en este ámbito, cifra en 50.000 el número de desahucios de vivienda habitual durante la crisis. La estadística del Consejo General del Poder Judicial recoge más de 300.000 desahucios desde 2008, pero incluyen segundas residencias y locales comerciales. En todo caso, la cifra inicial del fondo social no llega a cubrir a la totalidad, aunque podrá ser ampliada por las entidades financieras que quieran aportar más viviendas. De estas primeras seis mil casas, mil son de Bankia, una de las entidades más activas también en ejecuciones hipotecarias; le sigue BBVA, con 900 viviendas; Caixabank, con 850; Santander, con 441; Catalunya Banc, con 355; y Popular, con 336. El resto de entidades participa con menos de 300 viviendas, entre ellas Kutxabank, con 150.

Las familias que hayan sido desalojadas de su casa por impago de la hipoteca y quieran solicitar uno de estos alquileres sociales tendrán que acudir a la entidad financiera que les embargó. Esta decidirá tras un informe de los ayuntamientos o las diputaciones. Para poder beneficiarse de esta medida tiene que haber sido desahuciado a partir del 1 de enero de 2008, que los ingresos mensuales de la unidad familiar no superen tres veces el Iprem, en la actualidad serían 1.597 euros; que ningún miembro de la familia posea otra vivienda; y que estén en situación de especial vulnerabilidad. Se considerará especialmente vulnerable a las familias numerosas, las monoparentales con dos o más hijos, a las víctimas de la violencia de género o que tengan familiares dependientes.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cerró ayer la firma del convenio. Su insistencia en «ponerse en la piel» de los desahuciados la llevó a decir que «nos puede pasar a cualquiera», lo que provocó ciertas risas.