Urdangarin rechaza pagar los 8,2 millones de fianza porque asegura que es inocente

Iñaki Urdangarin lo niega todo. Ni delinquió, ni causó «daño o lesión patrimonial de ninguna clase» a las instituciones que le contrataron, ni «percibió cantidad alguna» del dinero desembolsado por las arcas públicas. El yerno del Rey arguye que se limitó a cumplir a rajatabla los términos acordados con los gobiernos de Jaume Matas en Baleares y Francisco Camps en la Comunidad Valenciana. Por tanto, rechaza la fianza de 8,2 millones de euros que le reclama Anticorrupción por el perjuicio que supuestamente causó al erario público.

«¿Cuál es la actividad delictiva? ¿Proponer unas ideas útiles, oportunas y con importante valor añadido en beneficio objetivo de la Comunidad balear? ¿Llevarlas a cabo con éxito? ¿No cobrar un céntimo más de lo presupuestado?», inquiere el alegato, que asegura que el duque sólo cobró de su paso por Nóos 106.850 euros. El escrito presentado por el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, está en consonancia con la declaración del imputado ante el juez José Castro, cuando sostuvo que no hubo ilegalidad alguna en los Illes Baleares Forum y en los Valencia Summits, por los que el yerno del Rey y su exsocio, Diego Torres, se embolsaron unos seis millones de euros entre 2004 y 2006.

En todo caso, habría habido irregularidades administrativas al adjudicar a dedo esos eventos y no por concurso, pero los culpables serían los estamentos públicos y no ellos. Siempre según el marido de la infanta Cristina, fueron las administraciones las que, en uso de sus competencias, eligieron el modelo de contratación que vieron más conveniente y las que fijaron las condiciones, que fueron aceptadas por el Instituto Nóos.

Convenios «correctos»

Urdangarin insiste en que esos convenios eran «correctos», fueron públicos y Nóos cumplió la parte del trato. Las cumbres deportivo-empresariales se celebraron y, además, sin exceder el presupuesto. Es más, «el éxito de los eventos realizados hizo que las administraciones llevaran a cabo una nueva colaboración con el Instituto Nóos». Y todo ello, sin que los respectivos tribunales de cuentas denunciaran irregularidad alguna. A la vista de esas conclusiones, sostiene Vives, «queda fuera de toda lógica» que «se pretenda imponer cantidad» alguna como fianza.

En cuanto al desvío del dinero público desde la fundación a las empresas privadas de los socios, el yerno del Rey señala que en modo alguno fue un delito, sino que Nóos, en uso de sus potestades, subcontrató con esas firmas diferentes trabajos y que ello no es ilegal. Como tampoco es delito, argumenta, que una fundación busque el beneficio siempre que ese dinero revierta en sus fines sociales.

En idéntica línea a su declaración judicial de hace casi un año, culmina su alegato culpando de todo a su exsocio, Diego Torres, que era el administrador único de la fundación. De acuerdo con el escrito de la defensa, el duque de Palma no era más que una suerte de consultor, que daba ideas y hacía propuestas al instituto, pero jamás estuvo en el día a día de las cuentas o los contratos.

Poco antes de que Urdangarin presentara su escrito de alegaciones, lo hizo Torres. El exprofesor de Esade se presenta ahora como víctima de supuestos funcionarios y gobiernos corruptos, que le engañaron firmando convenios amañados. Manuel González Peeters, su abogado, se pregunta: «¿En qué cabeza cabe que Diego Torres Pérez pudiera tener la más mínima duda acerca de la bondad y, por tanto, absoluta licitud, de los acuerdos de colaboración firmados y demás, teniendo en cuenta quiénes los firmaban?». Según el letrado, «es insostenible que Diego Torres pudiera presagiar ni en sueños que pudiera existir un atisbo de ilicitud» en aquellas adjudicaciones.