La negativa de la Fiscalía a un acuerdo acerca a Urdangarin aún más a la cárcel

La negativa tajante del fiscal general del Estado a un apaño extrajudicial para retirar los cargos contra Iñaki Urdangarin complica hasta el extremo la situación procesal del yerno del Rey y hace muy improbable que pueda sortear la prisión, habida cuenta de las numerosas pruebas y las cada vez más variadas imputaciones a las que se enfrentará en breve. Eduardo Torres-Dulce no se anduvo por las ramas. «Ni el Rey me lo habría propuesto, ni yo lo habría aceptado», dijo.

Por primera vez desde que comenzara la instrucción del 'caso Nóos', el máximo responsable de la Fiscalía garantizó que no habrá un acuerdo de conformidad que evite a Urdangarin el banquillo. Torres Dulce desmintió así una opción sobre la que se especula desde la pasada primavera. En mayo, las defensas del duque de Palma y de su exsocio, Diego Torres, reclamaron una reunión con Anticorrupción para abordar la posibilidad de evitar las imputaciones a cambio de devolver parte de los seis millones de euros presuntamente desviados a los bolsillos de los dueños del Instituto Nóos. La Fiscalía, que hace ocho meses estaba dispuesta a escuchar a los abogados, ahora no quiere ni oír hablar del asunto.

«Lo que más puede dañar a la imagen de la Corona es que puedan existir sospechas» de que se negocia, explicó el fiscal general en una entrevista en Antena 3. «Los hechos están claros y las pruebas son más que suficientes para ir a juicio y ninguna actividad extravagante a la procesal va a llevar a la Fiscalía a negociar en modo alguno», zanjó Torres Dulce antes de insistir en que el «propósito» del departamento que dirige «es no hacer ninguna oferta de conformidad». «Y veo difícil el horizonte de aceptar una conformidad con cualquiera de las partes del proceso», apostilló.

Estas palabras fueron el primer anuncio oficial de que no habrá componendas caiga quien caiga, pero lo cierto es que los responsables de Anticorrupción tenían claro desde hace casi un año que cualquier acuerdo extraprocesal o la aplicación de posibles atenuantes al duque de Palma iba a ser imposible sin saltarse la legalidad.

El 'rubicón' que cerró la puerta a cualquier pacto para evitar la imagen de Urdangarin en el banquillo de los acusados, según explicaron ayer responsables del Ministerio Público, se cruzó el 25 de febrero del pasado año, cuando el marido de la infanta Cristina declaró en los juzgados de Palma. Hasta entonces, los fiscales habían contemplado la posibilidad de algún eximente si el expresidente del Instituto Nóos se avenía a colaborar y, acogiéndose a la figura del «arrepentimiento espontáneo», reconocía todo y revelaba las cuentas a las que fue a parar el dinero de las administraciones balear y valenciana. Pero fue todo lo contrario. Lo negó y culpó de las irregularidades a su antiguo socio.

Nuevos cargos

Si entonces la situación ya era mala, ahora es peor para el duque. El propio Torres Dulce adelantó ayer que su departamento estudia imputaciones ampliatorias de delitos a las personas ya encausadas en la pieza 25 del caso 'Palma Arena'. El fiscal general se refería sin citarlo a la intención de la Fiscalía de ampliar de cuatro a seis, o quizá siete, los delitos por los que quiere sentar en el banquillo a Urdangarin. A los ya oficiales cargos de fraude a la Administración, falsedad documental y prevaricación, el Ministerio Público va a sumar los de fraude fiscal y blanqueo de capitales y, quizás, el de tráfico de influencias. Unas acusaciones que se mueven entre los 7 y 26 años de cárcel. Mucho más de los dos años que librarían al yerno del Rey de entrar en prisión por su falta de antecedentes penales en caso de una condena que Anticorrupción cree «segura», habida cuenta «de la contundencia de las pruebas documentales y testificales acumuladas».

Torres Dulce reveló que la Fiscalía quiere dejar plasmados esos indicios en un escrito de calificación que ponga fin a la instrucción del caso «antes de verano», ya que «estamos entrando en la recta final de la investigación». Así, según las estimaciones del responsable de la acusación pública, Urdangarin podrían sentarse en el banquillo el próximo año, siempre y cuando «no se complique la última fase de la investigación» y se produzcan nuevas «imputaciones».