Garoña certifica su cierre confiada en que una última argucia legal le permita continuar

La empresa Nuclenor que la gestiona, propiedad al 50% de Iberdrola y Endesa, aún confía en una última argucia legal que le permita cambiar el rumbo de los acontecimientos

F. APEZTEGUIABILBAO.

Si fuera una película, terminaría con el siempre enigmático rótulo de «¿Continuará...?». La central nuclear de Garoña ha ratificado este fin de semana su decisión de cesar la actividad de la planta, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley de fiscalidad energética, que grava la producción nuclear. El anuncio, la demostración al menos aparente de que el Gobierno no está dispuesto a modificar la norma, bien podría ser la confirmación de que la instalación atómica del valle de Tobalina ha llegado a su fin. Pero no es así. La empresa Nuclenor que la gestiona, propiedad al 50% de Iberdrola y Endesa, aún confía en una última argucia legal que le permita cambiar el rumbo de los acontecimientos.

La compañía, según informó un portavoz de la misma, sostiene que el proyecto empresarial sería viable si la dirección general de Tributos del Ministerio de Hacienda interpretara que la reforma legal que entra en vigor el próximo 1 de enero no le afectara. Garoña quedaría así libre del pago de los nuevos impuestos y la empresa continuaría siendo rentable, algo que, según sus propietarios, con la nueva fiscalidad, dejará de serlo.

Patrimonio «negativo»

Nuclenor sostiene que el texto aprobado por el Congreso de los Diputados y publicado el viernes por el BOE le obligaría al pago por impuestos de una cantidad cercana a los 153 millones de euros. Los fondos propios de la firma «a 30 de septiembre de 2012» se elevan a 147 millones «y un resultado a dicha fecha de 9,6 millones. La magnitud del impuesto a pagar situaría a Nuclenor en patrimonio neto negativo, es decir -añade la empresa en su nota- muy por debajo de los fondos propios necesarios para evitar la disolución de la sociedad, según lo establecido en la legislación vigente».

«De ratificarse los términos -señala el escrito, y de momento no ha habido nada que lleve a pensar lo contrario- la única decisión que unos administradores responsables podrían tomar es la de proceder al cierre definitivo, antes de la entrada en vigor de la ley», el próximo día 1.

Las centrales nucleares españalas, según se supo ayer, han comunicado este año un total de 46 sucesos al Consejo de Seguridad Nuclear. La cifra alcanzada supone 18 registros menos que en el ejercicio anterior. Vandellos II (Tarragona) y Cofrentes (Valencia) fueron los reactores que más incidencias comunicaron.

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