El trámite para lograr la nacionalidad española se puede prolongar seis años

Los inmigrantes deben demostrar dominio del castellano y acreditar su conocimiento de las instituciones y su adaptación al modo de vida y las costumbres

ANDER AZPIROZMADRID.
Inmigrantes, ajenos a la información, en una mezquita. /Igor Aizpuru/
Inmigrantes, ajenos a la información, en una mezquita. /Igor Aizpuru

Convertirse en español sería complicado hasta para los propios españoles. Lo demuestra el tortuoso camino que deben hacer los extranjeros que optan por pedir la nacionalidad tras haber cumplido el periodo de residencia establecido por ley. Desde que inician los trámites hasta que juran la Constitución pueden pasar seis años.

El principal escollo a superar está en el examen al que deben someterse los aspirantes con el fin de demostrar su grado de integración en la sociedad. Tal y como establecen la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el ciudadano extranjero debe acreditar ante las autoridades no solo el dominio del español «sino que es preciso un conocimiento de las instituciones, costumbres y adaptación al modo y estilo de vida españoles».

Esta prueba, incorporada al proceso de tramitación desde hace apenas un año, es similar a la que se realiza en otros países del entorno, como Alemania o Francia. Pero en el caso español ha levantado numerosas críticas entre la abogacía al quedar condicionada al criterio único del funcionario del registro que la realiza, quien de forma discrecional puede recomendar que se rechace la petición de nacionalización si cree que el solicitante no ha acreditado los suficientes conocimientos sobre el país.

Jorge Graupera, director del Departamento Penal, Laboral y Civil de Legalcity, denuncia que «en algunos casos se formulan cuestiones que ni si quiera la persona que las hace sabría como responder». Pone como ejemplo algunas de las que se realizan en el Registro Civil de Barcelona.

Arbitrariedad

Este abogado considera necesario que se lleve a cabo una regulación del examen de cara a que no se den casos de arbitrariedad, extralimitación o exceso de facultades por parte del examinador. Una dificultad extra -o ventaja, según se mire- radica en el lugar de procedencia del solicitante.

La ley establece un periodo de residencia de diez años antes de poder acceder a la nacionalidad. Este tiempo se reduce a la mitad en el caso de los refugiados políticos -saharauis y palestinos, generalmente- y baja hasta dos en el caso de proceder de un país latinoamericano, Portugal, Andorra, Filipinas, y Guinea Ecuatorial. Para quien demuestre que es de origen sefardí, desde este año el acceso será automático. En resumen, un marroquí no puede iniciar la tramitación de su nacionalidad sin haber residido una década en España por los dos años que se le exigen al ciudadano filipino.

Atasco en el Registro

Dependiendo del lugar en el que se presente la solicitud el interesado puede llegar a esperar hasta seis años para completar los trámites y jurar la Constitución, cuando no debería pasar más de uno. Actualmente cerca de 400.000 expedientes aguardan ser resueltos en el Registro Civil Central, un auténtico cuello de botella al que llegan las solicitudes de toda España. La comparación con otros países europeos resulta demoledora. En Alemania, por ejemplo, el expediente se tramita en apenas tres meses.

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