Empeño solidario

Las secuelas sociales de la crisis económica, que está empujando a miles de familias a situaciones de esforzada subsistencia y a tantos jóvenes a la zozobra ante el futuro, suponen un reproche sin paliativos hacia aquellas conductas personales y empresariales que persiguen el máximo beneficio burlando la legalidad. No cabe imaginar una actitud más insolidaria que dar rienda suelta a la avaricia sumergiendo la actividad económica, eludiendo hasta el delito las obligaciones fiscales, tejiendo tramas para defraudar a la Seguridad Social o incurriendo en alzamiento de bienes al servirse de prestaciones y provisiones impagadas de manera sistemática. El procedimiento judicial abierto contra el anterior presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y su presunto testaferro o las acusaciones que condujeron ayer a la detención de diez propietarios y directivos de la empresa de seguridad Esabe son casos que suscitan la indignación general en momentos de dificultades. Ninguna sociedad democrática puede aceptar como ineludible el mal de una economía no declarada, acomodada en el fraude continuado o abiertamente delictiva. El presidente Rajoy se comprometió esta misma semana a erradicar ese tipo de prácticas. Si alguna autoridad ostenta el Gobierno y el resto de las administraciones en estos momentos es la que les concede la potestad para prevenir y perseguir tan injustos comportamientos en relación con el interés común de los ciudadanos. Las medidas de equilibrio presupuestario y reforma están sujetas al debate y al disenso en cuanto puedan afectar a derechos consolidados o a prestaciones que forman parte de las bases del bienestar. Pero si alguna medida resulta incuestionable y obligatoria para el Estado es la de reducir al máximo los márgenes de comprensión, impunidad y opacidad sobre los que se asientan el delito económico y la evasión fiscal. Claro que hay una escala de gravedad entre los ilícitos punibles judicialmente y las irregularidades sancionables administrativamente. Pero la indecencia casi inapreciable se justifica por la existencia del delito más escandaloso, y éste no es, en muchos casos, otra cosa que la culminación de una escalada de irregularidades. El Estado debe disuadir, la sociedad debe reprochar y cada ciudadano debe renunciar a la tentación de eludir las obligaciones legales, y comprometerse en la denuncia de aquellas conductas que resulten lesivas para los contribuyentes y los sectores más desfavorecidos.