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editorial

Desafíos heredados

Urkullu debe defender las competencias autonómicas como garantía del bienestar

18.12.12 - 02:22 -
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La toma de posesión de sus cargos por parte de los consejeros de Urkullu dio paso ayer a que el Gobierno presidido por el nuevo lehendakari se estrene hoy con sus primeras decisiones y pronunciamientos oficiales. La convicción de Iñigo Urkullu de que «Euskadi puede ser mejor» se enfrenta, más allá de la dimensión moral del aserto, a una realidad menos halagüeña en lo inmediato a causa de la crisis. El propósito anunciado por el consejero Gatzagaetxebarria de «mantener el modelo vasco de protección social» choca con un declive recaudatorio que previsiblemente se mantenga durante buena parte de la legislatura que ahora comienza. El lehendakari estuvo acertado al agradecer la normalidad -obligada por otra parte- en el traspaso de los poderes que ostentaba Patxi López. Pero además el Ejecutivo con el que Urkullu devuelve al PNV al Gobierno de Euskadi está abocado a afrontar los mismos desafíos del precedente: la defensa de las competencias autonómicas como garantía de una sociedad del bienestar. Las medidas adoptadas por el Tribunal Constitucional, tanto en lo que respecta a la paga de Navidad de los empleados públicos como en cuanto a la aplicación del copago farmacéutico, demuestran hasta qué punto la posibilidad de excepcionar Euskadi respecto al ajuste impuesto en última instancia por Bruselas constituirá una tarea ardua para el Gobierno Urkullu. Frente a ella el disenso interno sobre la fiscalidad podría considerarse una cuita doméstica más llevadera, puesto que su resolución compete plenamente a las instituciones forales y al liderazgo que el lehendakari Urkullu ejerza en aras a la armonización recaudatoria. Incluso en los momentos más críticos, todos los gobiernos de la autonomía vasca habían contado con una razonable seguridad de que se cumplirían las previsiones sobre ingresos y de que estos irían incrementándose ejercicio tras ejercicio. López antes y Urkullu ahora, al igual que los responsables de diputaciones y ayuntamientos, se enfrentan a una situación sin precedentes, todo menos lucida en términos partidarios. Una situación que constriñe el ejercicio de la política a un realismo tan estricto que no da lugar a la demagogia ni al enunciado de objetivos imposibles de cumplir. La sociedad vasca puede estar dispuesta a soportar los sacrificios que comporte la verdad de las cuentas públicas, pero no a verse enredada en una discusión bizantina y partidaria sobre sus culpables.
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