La discreción diplomática ha hecho posible que Ángel Francisco Carromero Barrios acabe cumpliendo en España la condena de cuatro años de prisión impuesta por un tribunal de la ciudad cubana de Bayamo por su responsabilidad en el accidente de tráfico en el que murieron el dirigente opositor Oswaldo Payá y su colaborador Harold Cepero el pasado 22 de julio. «Se ha autorizado el traslado a España de Ángel Carromero para que cumpla aquí la condena impuesta por las autoridades cubanas», dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría.
Poco después, el director jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores cubano, Manuel de Jesús Pírez, confirmaba que las conversaciones entre delegaciones de ambos países concluyeron el jueves y que «acordaron que, concluidos los trámites de rigor, se haga efectivo el traslado del mencionado sancionado hacia territorio español». El joven de 28 años es vicesecretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular (NGPP) de Madrid. Pírez explicó que el traslado era posible en virtud del convenio bilateral sobre «Ejecución de Sentencias Penales». Con el traslado de Carromero a territorio español, el Gobierno de Cuba hace un gesto de buena voluntad hacia el Ejecutivo de Mariano Rajoy, quien posteriormente podría indultarlo.
Carromero reconoció que viajó a La Habana para facilitar los movimientos y llevar dinero a Payá, fundador del opositor Movimiento Cristiano de Liberación y promotor del Proyecto Varela. El día del accidente, el joven conducía el coche de alquiler que al entrar en un área en obras patinó y se empotró contra un árbol. Payá murió en el acto y Cepero, al llegar al hospital. La familia del Premio Sajarov de los Derechos Humanos del Parlamento Europeo ha sostenido desde entonces que el siniestro fue un atentado y un coche los embistió.
El Gobierno de Raúl Castro no quiso utilizar contra Carromero la violación del estatus migratorio o incluso cargos más graves como de apoyo a la contrarrevolución -todos los opositores son considerados como agentes pagados por Estados Unidos para fomentar la caída del sistema socialista-. Aparentemente, Raúl Castro, centrado en mejorar la economía y combatir la corrupción, no quiere más complicaciones externas.
