Doscientos jueces, entre ellos la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles, del sector progresista, han hecho público un comunicado en el que critican duramente al Gobierno por haber concedido el indulto a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra que fueron condenados a cuatro años y nueve meses de cárcel por torturar a un ciudadano rumano al que detuvieron por error. Los magistrados acusan al Ejecutivo de Mariano Rajoy de actuar «contra la dignidad humana», de «menospreciar» a los miembros de las Fuerzas de Seguridad que trabajan diariamente en España «cumpliendo con sus funciones democráticas» y de cometer una «afrenta contra el Poder Judicial».
Los doscientos jueces firmantes (el colectivo lo integran en torno a 5.000) consideran que un indulto como el concedido por el Gobierno a los cuatro mossos «incentiva comportamientos» que deben ser expulsados de la actuación policial. La medida de gracia, explican, implica evitar el cumplimiento de la pena y solo debe aplicarse en aquellos casos, entre otros de características muy concretas, en que aquella sea desproporcionada.
Los agentes beneficiados por el Ministerio de Justicia fueron condenados «por hechos gravísimos» y, en febrero de este año, indultados después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia de Barcelona tras estimar solo algunos de los recursos planteados contra el fallo. El Gobierno concedió el indulto dos veces -la primera para rebajar la pena de prisión y la segunda para conmutarla por otra de multa- con el fin de que los agentes no fueran a la cárcel.
Los jueces reprochan al Ejecutivo que en este caso haya realizado un uso «grosero y desviado de la institución» del indulto, pues la tortura es uno de los peores actos que pueden cometerse «contra la dignidad de la persona». Y concluyen que la actuación del Gobierno ha sido «impropia de un estado de derecho democrático, ilegítima y éticamente inasumible».
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, salió al paso de las críticas y recordó a los jueces que el indulto «no es una facultad del Poder Judicial, sino que es una facultad del Poder Ejecutivo» porque así lo establece la Constitución. «Es sin duda una de las tradiciones más señeras de nuestro derecho y le otorga al Gobierno de España la facultad de poder modular lo que es la aplicación concreta de la ley», dijo.
