Administraciones Públicas confirma que recurrirá el pago de la extra ante el Constitucional

El Gobierno central, que hasta ahora había amagado con impugnar el pago de 207 millones de euros librado por el Gabinete de Patxi López, confirmó ayer que recurrirá ante el Constitucional el abono de la paga extra a los funcionarios, ordenado el miércoles por la mañana por la directora de Función Pública del Ejecutivo de Vitoria.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró ayer tras participar en un congreso de auditoría en Zaragoza que la decisión del Gobierno vasco de hacer efectiva la extra de Navidad a los funcionarios «es ilegal» por lo que «será recurrida ante el Constitucional». Beteta recordó que el real decreto de julio que suprimía la retribución es legislación «básica» y afecta por lo tanto a todo el territorio nacional.

Además, el alto cargo del ministerio que dirige Cristóbal Montoro dejó claro que el funcionario que tomara la decisión de pagar la extra -en este caso, la directora de Función Pública- «será sujeto a juicio del Gobierno» y «se le exigirá una responsabilidad» por prevaricación en base al artículo 404 del Código Penal, que contempla una inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años.

«Tenemos el máximo interés en que la ley se cumpla. Todas las comunidades, todas las ciudades y todas las administraciones públicas» deben atenerse a ella, dijo, porque «cuando las Cortes Generales aprueban una norma es de general aplicación para todos los españoles». «No cabe escudarse en ninguna norma de otra naturaleza para poder esquivar el cumplimiento de la ley», recalcó, a pesar de que el Gobierno vasco se aferra a otra ley del mismo rango que el decreto, en este caso la de Presupuestos.

Además, el Gobierno vasco insiste en que no podía de ninguna manera incumplir su propia ley presupuestaria, por lo que circunscribe el choque a un conflicto de competencias entre la ley vasca y la española, y ve lejanas posibles consecuencias penales para quienes han ejecutado el pago. «De ninguna manera hay prevaricación», recalcó ayer la consejera Isabel Celáa.