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editorial

Funcionarios con paga

Los argumentos del Gobierno vasco para abonar la extra debieran disuadir al central de recurrir ante la jurisdicción ordinaria

28.11.12 - 02:14 -
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La decisión del Ejecutivo vasco en funciones de abonar la extra de Navidad a los funcionarios y empleados públicos dependientes de Lakua representa el último acto de gobierno con el que Patxi López desoye el dictado de las medidas de austeridad aplicadas por Rajoy. Pero la indudable intención política de la resolución va acompañada de la preceptiva justificación jurídica que situaría la cuestión en manos del Tribunal Constitucional, a no ser que la Administración central se decida a recurrir la medida ante la jurisdicción ordinaria. El Gobierno López alega que el decreto-ley por el que el Ejecutivo Rajoy suprimió la extra navideña para los trabajadores de todas las administraciones públicas del Estado invadía una competencia privativa de la comunidad autónoma, por lo que recurrió el ajuste ante el TC. Según el criterio del Gobierno vasco, el decreto de recorte salarial no podía 'desplazar' el contenido de la ley presupuestaria autonómica. Además el Ejecutivo López aduce que el paréntesis parlamentario de verano y la disolución de la Cámara de Vitoria después impidieron que el legislativo vasco pudiera reconsiderar un gasto contemplado en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2012, a cuya ejecución está obligado. Ambos argumentos parecen suficientemente sólidos como para disuadir a la Abogacía del Estado de actuar contra el Consejo de Gobierno de Euskadi. Mientras que las normas forales o las resoluciones municipales no cuentan con el rango de ley que pudiera avalar la eventual negativa de diputaciones y ayuntamientos a incumplir el decreto del Gobierno Rajoy, el disenso planteado por el Gobierno vasco requeriría del fallo del Tribunal Constitucional para confirmar o desechar la licitud de que se libren 207 millones de euros para abonar la decimocuarta paga del año a 67.000 trabajadores públicos. Pero la diatriba no puede reducirse a una cuestión competencial, que encontrará en el TC su resolución definitiva. Presenta también una vertiente que afecta a la orientación de las políticas de austeridad que, inevitablemente, seguirán presentes durante los próximos ejercicios. La renuencia que las instituciones vascas han mostrado ante los ajustes en ningún caso significa que no los hayan aplicado. La negativa a secundar las medidas decretadas por el Gobierno central no debería mediatizar el proceso de decisiones sobre la austeridad que requieran las cuentas públicas en Euskadi.
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