Agentes de Getxo tiran de mascarilla contra los recortes

Los policías municipales de Getxo han empezado a usar mascarilla como gesto de protesta ante la aplicación que ha realizado el equipo de gobierno de los recortes impuestos por el Gobierno central. Todas los sindicatos han formado un frente común y pronto empezarán a usar mascarillas en otros departamentos que trabajan de cara al público si no hay un golpe de timón en cuanto al pago de las bajas laborales. «Queremos que la opinión pública vea que existe un malestar porque nos obligan a venir enfermos a trabajar y no queremos contagiar a los vecinos», ironizó un representante sindical.

ELA, USO, CC OO, LAB y el Sindicato Vasco de Policía van de la mano en este asunto. El hartazgo nació con la aprobación del real decreto aprobado por Mariano Rajoy, que penaliza económicamente las bajas de escasa duración de los empleados públicos, las más frecuentes. «Si cogemos una gripe, por la baja cobraríamos la mitad del salario los tres primeros días, y del día 4 al 20, el 75%», explicó un sindicalista. Sin embargo, los representantes de los trabajadores defienden que el decreto es flexible y que no se aplica en otros municipios de la provincia. Se deja a la Administración local manga ancha para negociar. Por ejemplo, Basauri cubrirá con dinero municipal el 100% de las dos primeras bajas anuales, al aplicar la «interpretación menos restrictiva» de la normativa.

Además, los agentes censuran que «quieren pedirnos un informe médico, además de la baja», lo que «vulneraría nuestra intimidad». «Según la ley de protección de datos; según la Constitución, y según la ley de salud laboral, la enfermedad únicamente la puede conocer el médico y el paciente», subrayó el representante de ELA. Patxi Valdés aseguró que les han anunciado que les pedirán «un informe médico, además de la baja, que diga la enfermedad que padeces y si tienes derecho a cobrar el 100% porque entra dentro del anexo 1 del real decreto».

La medida anunciada ha sentado como un tiro en la plantilla, que requiere sentarse a negociar y un rápido cambio de timón. «Si siguen adelante con esto, ELA lo llevará a los tribunales», avanzó Valdés, quien lo considera «un chantaje, incumplir la legalidad».