El suicidio de Granada desata las alarmas para atajar la sangría de desahucios

El suicidio de José Miguel Domingo, el vecino de Granada de 54 años que se ahorcó el jueves poco antes de que una comisión judicial llegase a su casa para desahuciarle, ha provocado el sonrojo general y podría abrir la puerta a reformas legislativas tendentes a dar una mayor protección a las víctimas de la debacle económica. Este caso ha encendido todas las alarmas por su repercusión, pero no es un suceso aislado: casi nueve personas se quitan la vida cada día en España, y la tercera parte lo hacen por la crisis. El mismo día que Domingo, otro hombre de 53 años se arrojó desde el balcón de su piso en Valencia cuando llamaron a la puerta para desahuciar a su familia.

En plena emergencia social y ante los terribles efectos que está desplegando la recesión, el Gobierno central se ha dado por aludido y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría adelantó ayer que el Ejecutivo estudia dar «nueva vuelta de tuerca» a la legislación sobre desahucios. Se refería al Código de Buenas Prácticas para la banca, recogido en un real decreto el pasado 9 de marzo. Si esta norma «no ha funcionado bien y hay que dar una nueva vuelta de tuerca, la daremos. Adoptaremos las medidas necesarias», dijo.

El Ministerio de Economía está esperando un informe sobre el funcionamiento de esta regulación en el que trabaja una comisión formada por representantes del Gobierno, del sector financiero, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sin embargo, todo apunta a que el real decreto no está dando los frutos deseados: según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre de este año los procesos de desahucio aumentaron un 13,4% con respecto al mismo periodo de 2011. Desde 2008, casi 400.000 familias han perdido sus casas en España, y en Euskadi hay casi 14 desahucios diarios.

Los aparentemente decepcionantes resultados del Código de Buenas Prácticas no sorprenden a quienes viven más de cerca esta tragedia. Ya en marzo, la plataforma Stop Desahucios alertó de que en Euskadi solo ayudaría al 1% de los afectados, y en el resto de España al 15%. También la oposición política tildó las medidas de demasiado restrictivas ya que, por ejemplo, solo son aplicables a pisos de menos de 150.000 o 200.000 euros, prácticamente inexistentes en el País Vasco. Además, las familias deben tener a todos sus miembros en paro y carecer de patrimonio.

En realidad, la inmensa mayoría de las personas que ahora se ven en el abismo formalizaron sus contratos hace ya años, bajo la dictadura de una legislación -la misma que hoy se mantiene- que protege sobremanera a las entidades financieras y echa a las fieras a los hipotecados. Por eso, el PSOE también entonó el mea culpa. Su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, admitió que «lamentamos no haber actuado antes, no haber puesto en marcha cuando estábamos gobernando un cambio legislativo que hubiera impedido la situación terrible que hoy viven muchos españoles».

Para compensar esa inacción en el pasado, el PSOE registró una proposición de ley donde plantea medidas como que las familias desahuciadas puedan continuar en sus casas dos años pagando un alquiler social, que haya más mecanismos para renegociar hipotecas sin llegar a los lanzamientos o que las entidades financieras que hayan recibido ayudas estatales estén obligadas a renegociar la deuda con quienes no pueden pagar. Los socialistas llamaron la atención sobre la necesidad de impulsar un gran pacto político porque la emergencia social requiere un cambio legal.

«Es sangrante», dice Iceta

Los jueces también ven con buenos ojos poner rumbo hacia una legislación más justa. Son muchos los magistrados que en los últimos tiempos vienen lamentando que han de aplicar leyes que dejan desamparados a los ciudadanos más débiles. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, recordó que reside en el Parlamento la «legitimidad» para abordar cambios normativos y plantar cara a este «grave problema social». «Hay que buscar los instrumentos y favorecer procedimientos para evitar una estigmatización y que siempre sea el ciudadano el más perjudicado», añadió.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, apuntó que «merecen una reflexión las consecuencias sociales que a veces la aplicación de la ley produce en situaciones muy especiales». A su juicio, las normas «deben ser aplicadas siempre de acuerdo con la realidad social», lo que implicaría dulcificar su interpretación en casos extremos.

Desde el ámbito de la Iglesia, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, también reclamó «soluciones prácticas» para evitar la «sangrante» realidad de los desahucios, «un asunto de la mayor importancia». Por ello, instó a buscar «entre todos» soluciones «prácticas», como «crear empleo digno, empleo justo, que es el modo mejor con el que podemos ayudar a todas las familias».