Esperanza Aguirre abre la puerta a flexibilizar la ley para que se construya Eurovegas

Euforia en el Gobierno de Madrid tras la confirmación de que la sede de Eurovegas se localizará en este territorio. «Era muy difícil conseguir que una empresa de esta categoría decidiera una inversión de 17.000 millones de dólares en Madrid en el contexto de crisis que atraviesa España», declaró la presidenta, Esperanza Aguirre. Eso sí, reconoció que no está en su mano satisfacer todas las condiciones que Las Vegas Sands exige para llevar adelante el proyecto.

Podrían llevarse a cabo «transformaciones de planteamiento», dijo, en referencia a los planes urbanísticos que se tendrían que modificar si el emplazamiento fuera, finalmente, la localidad de Alcorcón. Pero hay otras demandas en las que no le corresponde decidir, como las condiciones laborales de los empleados o la exención en la prohibición de fumar en locales cerrados. «Tanto el Estatuto de los Trabajadores como la legislación sobre el tabaco son competencia nacional», admitió.

Pero la presidenta dejó puertas abiertas a la permisividad. «Si Singapur es tan exigente y permite fumar en los casinos, concretamente en las salas de ruleta, y lo mismo sucede en EE UU, me parecería lógico que lo mismo ocurriera en España». Poco después, reconoció que cualquier modificación que se decida llevar a cabo «no será de aplicación solo para estos señores (la sociedad de Adelson) sino para todos aquellos que estén en las mismas circunstancias». Y precisó que no habrá una ley «para un caso concreto», de manera que si se permite fumar en las salas de juego «también será posible en las que se abran en Cataluña».

En cuanto a los plazos en los que podría ser realidad Eurovegas, se estima que las obras podrían empezar en un año y «calculo que, desde que se ponga la primera piedra, en dos o tres años abrirán sus puertas los primeros hoteles».

Sin embargo, el proyecto ha suscitado no pocas críticas e incluso protestas ciudadanas ante los temores de blanqueo de dinero, aumento de prostitución y de conllevar cambios en la legislación para satisfacer a los inversores extranjeros. El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez dijo ayer que el proyecto acumula «mentira tras mentira» y aseguró que su promotor, el magnate Sheldon Adelson, es «el señor que financia a la extrema derecha en EE UU». Unas declaraciones que desde el PP calificaron de «impresentables».