El Supremo niega la ayuda pública a los colegios que diferencian por sexos

Los colegios de educación diferenciada -es decir, los que admiten chicos o chicas por separado- corren el riesgo de perder las subvenciones que reciben de las Administraciones públicas. Dos sentencias del Tribunal Supremo han dado la razón a la Junta de Andalucía y al anterior Gobierno de Cantabria, que negaron el concierto económico a dos centros de este tipo. Los jueces consideran que este modelo educativo infringe la Ley Orgánica de Educación (LOE), donde se establece de forma explícita que los colegios no podrán «discriminar» a los alumnos por razón de sexo, por lo que les «excluye de la posibilidad de concertar con la Administración competente su sostenimiento con fondos públicos».

Las autoridades educativas de Cantabria y Andalucía pueden retirar ya las ayudas que prestan a estos centros -Torrevelo y Elcható- pero no está claro si todas las Administraciones están obligadas a hacer lo mismo. En Euskadi, donde existen cinco colegios de educación diferenciada -vinculados todos ellos con el Opus Dei-, el Departamento de Educación está pendiente de recibir las sentencias, que serán estudiadas minuciosamente por sus servicios jurídicos. «No sabemos qué ocurre con los centros que no han sido denunciados por la Administración», apuntó un portavoz de la consejería vasca, que recordó que los conciertos educativos han sido renovados este año para los próximos cuatro cursos, hasta el año académico 2015-2016.

En principio, con la apertura de las aulas a vuelta de la esquina y a dos meses de la salida del actual Ejecutivo, parece poco probable que se adopte a corto plazo ninguna iniciativa para retirar las subvenciones. Cataluña ya ha confirmado que mantendrá los conciertos al menos hasta 2014, fecha en la que vencen los contratos programa con los centros privados.

Tampoco se descarta que la reforma educativa que prepara el ministro José Ignacio Wert busque un acomodo a medida para los colegios no mixtos. De hecho, el propio ministro salió ayer en defensa de un modelo de enseñanza que, a su juicio, no discrimina, pese a separar los sexos. «Y si no hay discriminación en función de esa educación diferenciada, no puede haber discriminación en cuanto a la aportación de fondos públicos», recalcó Wert. En un comunicado, el ministro indicó que «como es natural» las sentencias del Alto Tribunal deben ser «respetadas y acatadas» por el Gobierno, si bien recordó que España ha firmado un tratado de la UNESCO contra la discriminación en la enseñanza «en el que se sostiene que la educación diferenciada, siempre y cuando no suponga una desigualdad de oportunidades para chicos y chicas, no es una forma de discriminación».

Recurso al Constitucional

Las circunstancias judiciales de los dos fallos son diferentes. En el primero, el Supremo desestima el recurso de casación que interpuso la Asociación de Padres de Alumnos del colegio Torrevelo (Cantabria) contra una sentencia del Tribunal Superior de esta comunidad que apoyó la negativa del anterior Ejecutivo cántabro a seguir financiando el centro. En el segundo fallo, el Supremo estima el recurso que presentó la Junta de Andalucía contra la decisión de su Tribunal Superior de aprobar el concierto educativo con el centro Elcható de Brenes (Sevilla). Ese tribunal había anulado una orden del Gobierno andaluz, de 2009, que obligaba a los colegios de educación diferenciada a convertirse en mixtos si querían seguir recibiendo ayudas.

En ambas sentencias, el Supremo esgrime el incumplimiento del artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada por el anterior Gobierno socialista en 2006, relativo a la admisión de alumnos. En su apartado tercero precisa que «en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» a la hora de matricular a los escolares. Las asociaciones de padres de los centros afectados estudian recurrir al Constitucional.

Ambas sentencias reabren en Euskadi un debate que el año pasado llegó hasta el Parlamento vasco. Aralar presentó una proposición no de ley para dejar sin subvención a los centros de educación diferenciada, pero la iniciativa no prosperó por la oposición del PNV y PP.