La urbanización Andra Mari de Gorliz reabre sus accesos

Operarios de Viconsa, acompañados por agentes de la Policía local de Gorliz, comenzaron ayer la retirada de una parte de los bloques de hormigón que impedían los accesos a la urbanización inconclusa de Andra Mari. De esta manera, se cumple una parte del acuerdo alcanzado por el Consistorio para dar una solución definitiva al problema surgido por las desavenencias a la hora de ejecutar unos trabajos que, aunque comenzaron hace cinco años cuando estaban previstos en apenas uno, están ya muy avanzados.

La primera empresa adjudicataria, Exbasa, tuvo que claudicar ante los desacuerdos entre la dirección de obra y los operarios. Una vez rescindido el contrato, las autoridades locales encargaron los trabajos a Viconsa. Una serie de desacuerdos y la deuda de 1,275 millones de euros contraída con la empresa fueron el detonante del bloqueo de los accesos al núcleo residencial.

Finalmente, el equipo de gobierno timoneado por el PNV consiguió al tercer intento sacar adelante una contratación a la que en anteriores ocasiones se opusieron Bildu -que ahora se ha abstenido-, y el Grupo Independiente, formación al frente de la Alcaldía en la anterior legislatura. El acuerdo permite hacer frente a sus obligaciones pecuniarias con la adjudicataria. A cambio, los jeltzales tuvieron que aceptar el compromiso de asumir «el dictamen de una comisión de investigación y depurar responsabilidades».

Problemas de seguridad

No obstante, la decisión de abrir los accesos no es del agrado de todos. Los residentes en la zona no se explican cómo si en mayo la constructora cerró los accesos «alegando problemas de seguridad» al no estar finalizados los trabajos, «ahora retiran una parte sin que estos peligros hayan desaparecido». En el lugar de la empalizada los operarios han colocado carteles advirtiendo de los riesgos de transitar por la zona.

Los vecinos ven un «claro interés» por parte de las autoridades municipales de «habilitar esta zona para que puedan aparcar vehículos» con motivo de las fiestas patronales. A su juicio, la solución «más lógica» pasaría por permitir solo el acceso a los vecinos hasta que concluyan las obras.