Durango censará los inmuebles de la Iglesia para empezar a cobrarles el IBI

El Ayuntamiento de Durango va a elaborar una relación de todos los inmuebles registrados a nombre de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas a fin de actualizar el Padrón de Bienes Inmuebles. El objetivo de esta medida es empezar a cobrar el IBI de todos los edificios que «no estén vinculados al culto». El acuerdo fue alcanzado recientemente en pleno a partir de una moción presentada por el PSE-EE, que fue consensuada y respaldada por el PNV, Bildu y Aralar. Solo el PP votó en contra.

Según dio a conocer la portavoz socialista, Pilar Ríos, la Iglesia Católica está exenta de tributar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) «a raíz de los acuerdos vigentes del Reino de España con la Santa Sede de 1979, conocidos como Concordato». Las confesiones judía, protestante y musulmana también lo están a través de otros acuerdos de Cooperación, que datan de 1992.

Esta exención legal -que «debe ser revisada», matizó Ríos-, concierne únicamente a los inmuebles vinculados al culto. Pese a ello, en las últimas décadas se ha llevado a cabo una «aplicación extensiva» de esta exención que ha evitado el pago del IBI de viviendas, locales o garajes propiedad de la Iglesia y de otras confesiones religiosas.

Dos ejemplos de ello son la llamada Casa Social, «por cuya utilización al Ayuntamiento le han cobrado un alquiler durante muchos años» o el antiguo edificio de Azterlan, que acoge actualmente el euskaltegi municipal y el Berritzegune, «por el que pagamos 6.000 euros todos los meses», matizaron desde el PSE-EE. «No nos parece lógico que, siendo así, la orden religiosa propietaria esté exenta del IBI en ese inmueble».

Valoración económica

Ríos fue más allá y quiso hacer hincapié en que no le resulta «admisible que, frente al esfuerzo solidario» que se exige a la ciudadanía, y más en momentos de crisis como el actual, «haya confesiones religiosas que sigan disfrutando de beneficios especiales». De ahí, la moción que presentó al pleno y que fue aprobada por todos los grupos municipales menos el PP.

En ella, el Pleno del Ayuntamiento de Durango insta al Gobierno de España a la revisión del acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos de 1979, «haciendo caso a las críticas de la Comisión Europea respecto a los privilegios de financiación que otorga el Gobierno Español a la Iglesia Católica». En segundo lugar, PNV, Bildu, PSE-EE y Aralar reclaman un tratamiento fiscal de las distintas confesiones religiosas «igual que el resto de instituciones y que asegure el pago de impuestos en igualdad de condiciones».

Por último, el Ayuntamiento de Durango se compromete a elaborar una relación de inmuebles que pertenecen a las distintas confesiones religiosas y hacer una valoración económica de los impuestos municipales que se dejan de percibir como consecuencia de la exención del IBI.