Mano dura para frenar las muertes de menores en accidentes de tráfico. Ese es el mensaje que lanzó ayer el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, tras desvelar el preocupante aumento de la mortalidad entre los más pequeños en carretera. Las medidas que plantea incluyen la suspensión o retirada de la tutela de sus hijos a los padres en caso de que sean sancionados en tres ocasiones por no portar o no usar un sistema de protección infantil adecuado.
Cuando el número de víctimas de tráfico ha descendido considerablemente en los últimos años, los niños fallecidos en accidentes ha pasado de los 60 en 2009 a los 79 en 2010, según cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT). «La legislación en seguridad vial es muy permisiva», aseguró Vargas. Lo dijo amparado en los datos de un estudio realizado entre 2008 y 2010 cuya conclusión arroja que el 46% de los menores de 14 años fallecidos en un accidente de tráfico no llevaban ningún tipo de protección. Y del porcentaje que sí cumplía con las normas solo el 18% lo usaba de forma correcta. Es decir, el 82% restante lo llevaba mal colocado, con lo que ante un accidente las consecuencias podían ser fatales.
Para concienciar a los padres de la necesidad de cumplir con la legislación, la fiscalía prepara varias iniciativas en el ámbito judicial y penal. Y todas ellas en la misma dirección: tolerancia cero. Cuando un conductor acumule tres sanciones por no llevar los elementos de protección exigidos o a sus hijos sin ellos, la Fiscalía de Seguridad Vial remitirá la información a la Fiscalía de Menores, encargada de evaluar la necesidad de tomar medidas de protección del menor, que podría conllevar la apertura de diligencias.
Además, en casos en los que entre los fallecidos en un accidente haya un menor de 14 años se investigará en profundidad el motivo específico del deceso. La idea es averiguar si dicha muerte pudo haberse evitado de haber cumplido con los elementos de protección. En caso de ser así, los conductores podrán ser imputados por un delito de homicidio imprudente, que lleva aparejado una pena de uno a cuatro años de prisión y la privación de conducir de hasta seis años, mientras que si el conductor es imputado por provocar lesiones al menor se enfrentará a penas de 6 meses a 2 años y a no poder conducir de uno a cuatro años.
Solicitud de voluntarios
«La intervención penal es el último recurso y no se trata de criminalizar a los padres, pero sí de insistir en que son los primeros que están obligados a conocer los sistemas de seguridad infantil», enfatizó Vargas, que animó a los ciudadanos a convertirse en «voluntarios» que llamen la atención sobre aquellos conductores que viajan con niños de forma incorrecta.
Y es que según el estudio, hasta un 51% de los niños fallecidos, la mayoría de uno y dos años, podrían haber salvado su vida si hubieran llevado los elementos de protección. La investigación muestra datos estremecedores. Por ejemplo, un 15% de los menores de dos años fallecidos en accidente murieron aplastados contra el cuerpo de su madre. Es decir, llevaban al hijo en brazos en vez de en el capazo o la 'sillita'. En otro 36% salieron despedidos del vehículo.
En cualquiera de estos casos, la tragedia podría haberse evitado si los padres hubieran empleado un sistema de retención adecuado. Por ello, la Fiscalía de Seguridad Vial ha elaborado ya un protocolo específico para estos casos, que se aplicará a partir de ahora, y que obliga, entre otros asuntos, a incluir en la autopsia de los menores su peso y su talla para que el Ministerio Público pueda determinar si se habían utilizado los elementos de seguridad adecuados a su edad y envergadura. En esta línea, con el mismo objeto, se incluirán fotografías detalladas de la 'sillita' en que viajaba el menor y se realizarán informes periciales para determinar si el niño hubiera podido salvar la vida si los adultos le hubieran asegurado adecuadamente.
Pero las medidas también pueden afectar a otros medios de transportes. El fiscal considera que los autobuses urbanos y los taxis también deberían llevar los elementos de protección si van a ser usados por menores. En caso contrario aboga por «prohibir su circulación». También recordó la obligatoriedad del uso del casco al montar en bicicleta tras comprobar que el cien por cien de los menores fallecidos en este vehículo no lo llevaban.
