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El servicio antidesahucios del Gobierno vasco atiende a 163 familias el primer mes

SE PUSO EN MARCHA EL 2 DE MAYO

El servicio antidesahucios del Gobierno vasco atiende a 163 familias el primer mes

Su primera gestión ha sido suspender el desalojo de una mujer en Barakaldo hasta encontrarle otro alojamiento

02.06.12 - 02:10 -
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Desde que el Gobierno vasco puso en marcha el servicio gratuito de mediación antidesahucios el pasado 2 de mayo -en los tres territorios de la comunidad autónoma- han sido atendidas 163 familias, la mayoría de las cuales (el 80%) se encontraban al borde del desalojo judicial por no pagar la hipoteca. Según informó la viceconsejería de Justicia, la primera medida concreta se ha adoptado en Barakaldo, donde se ha podido negociar con Banesto la paralización de un lanzamiento (salida física de la vivienda por orden del juzgado) de una vecina de Barakaldo que no tenía adonde ir.
El desalojo estaba señalado para el próximo lunes, pero la entidad financiera ha escuchado los requerimientos del servicio de mediación para que la medida sea suspendida hasta encontrar otra vivienda en la que la afectada pueda instalarse siquiera de forma provisional, una tarea de la que se ocupa el Servicio Vasco de Vivienda. En el Gobierno autónomo precisaron que poco más se ha podido hacer en este caso, puesto que la ayuda a la mujer ha llegado cuando el proceso judicial estaba ultimado y, jurídicamente, no se podía dar marcha atrás.
Los responsables de la mediación consideran lógico que, durante el primer mes de funcionamiento, cuando el proyecto no ha hecho sino arrancar, ocho de cada diez llamadas correspondan a «situaciones desesperadas», a personas u hogares que no han podido pagar el préstamo del piso y no saben qué hacer porque han agotado todas las posibilidades y se les echa encima el trámite de abandonar el inmueble.
Los supuestos en los que sí habrá margen para intervenir y negociar una alternativa con la entidad financiera -en forma de reestructuración de la deuda pendiente, de dación en pago, de permanencia en la vivienda impagada, pero pagando un alquiler, etc.- irán aflorando en el futuro mucho más que ahora, a medida que los morosos atrapados en un procedimiento de embargo sepan que existen unos teléfonos para asesorarse y vayan conociendo las condiciones (por ejemplo, no se puede acudir sin haber buscado antes un acuerdo con el banco o la caja de ahorros). No obstante, el Gobierno vasco quiere que esos teléfonos -desde los cuales se puede obtener una cita personal- no sean utilizados solo cuando el mal ya está hecho, sino también por ciudadanos que quieran saber lo que deben hacer antes de firmar un préstamo hipotecario.
De momento, y en el primer mes de vida, el servicio de mediación ya ha iniciado 32 expedientes en los que unos auditores han elaborado propuestas de acuerdo entre otras tantas familias y las entidades financieras con las que tienen deudas pendientes. Según la viceconsejería de Justicia, aunque solo Kutxabank ha formalizado un acuerdo de colaboración en este asunto, los demás bancos y cajas se han mostrado receptivos a la iniciativa y han designado interlocutores para la mediación.
Renta de garantía
En el Gobierno vasco resaltan que las primeras familias que han acudido al servicio de mediación en mayo son ilustrativas de los efectos de la crisis, que ha provocado casi 7.000 desahucios en Euskadi desde 2008, según una estimación basada en las estadísticas (no del todo exactas) del Consejo General del Poder Judicial. Entre las peticiones de ayuda apenas hay cuatro casos de personas solas y uno de varios hermanos que viven juntos. En realidad, la práctica totalidad de las demandas corresponden a parejas que generalmente viven con la renta de garantía de ingresos (RGI), un subsidio del Gobierno vasco que gestiona el Servicio de Empleo (Lanbide) y oscila entre 612 y 914 euros mensuales, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar.
Ese dato sugiere que uno o los dos miembros de la pareja consiguieron en su día una hipoteca porque tenían empleo, pero luego lo han perdido y, además, han agotado el paro, que se cobra durante dos años.
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