Dos exalcaldes y otros 18 políticos de Castro imputados por prevaricar

Nuevo escándalo urbanístico en Castro. El juez Luis Acayro, instructor de estas causas en el municipio, ha emito un auto en el que imputa a veinte políticos y dos técnicos locales por la supuesta comisión de delitos de prevaricación administrativa y urbanística en el desarrollo de la unidad de ejecución 1.26. El magistrado estima que se ha ocasionado un perjuicio de 403.147 euros al patrimonio municipal. Entre los acusados figuran los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, además del presidente de la Junta Vecinal de Mioño, Víctor Echevarría, y antiguos ediles, como el exjugador del Athletic Fidel Uriarte o el exteniente alcalde José Miguel Rodríguez López, que en las pasadas elecciones concurrió como líder del partido ACAI en una lista en la que figuraban Muguruza y otros imputados en este proceso.

Los implicados que cargan con la acusación más relevante son Muguruza y la ingeniera municipal, a quienes se imputa un presunto delito de prevaricación urbanística por la concesión de la licencia de obra a la empresa Proconor, que construía un edificio de 51 viviendas, ahora paralizado. También se imputa este mismo tipo de delito a un técnico municipal por la emisión de un informe favorable para la construcción de viviendas a cargo de otra promotora.

El juez considera que se ha perdido patrimonio por valor de 403.147 euros debido al fraccionamiento de la parcela destinada a equipamiento de cesión y la apertura de un vial sobre ella. El magistrado argumenta que se mantuvo la tramitación del proyecto a pesar de la existencia de informes negativos y vinculantes de la Comisión Regional de Urbanismo y en contra del criterio de los servicios técnicos del Consistorio. Además, alude a comisiones de gobierno y plenos en las que «se refleja en las actas el conocimiento de la ilegalidad en la que los imputados estaban incurriendo». Esta actuación se ejecutó, según el auto, en «un contexto de todo vale» y de un desarrollo urbanístico «brutal que ha derivado en los déficits que padece el municipio».

Fernando Muguruza se defendió ayer de esta acusación y aseguró que el auto «se basa en un informe del Tribunal de Cuentas que se cerró al no apreciarse delito», por lo que el juez «se ha vuelto a retratar». También sostiene que «ha abierto una causa general contra los políticos castreños, lo que constituye una actuación ilegal».