Las Juntas abren el debate de la financiación a entidades locales

Todos los partidos de la oposición de las Juntas Generales dieron ayer el 'sí quiero' al comienzo de un complejo debate que promete polémica y desacuerdo, y que buscará diseñar un nuevo sistema de financiación de las entidades locales de Álava. El PP volvió a quedarse solo al esgrimir varios informes técnicos de los servicios jurídicos de la Diputación, que advierten de que la propuesta de norma foral presentada por el PSE no tiene cabida en el marco jurídico actual.

En líneas generales, el debate ahora planteado por la socialista Cristina González es la segunda parte de la polémica ley aprobada por las Juntas que obligaba a presentar al alcalde de Vitoria los presupuestos de este año -los decidió retirar el 3 de febrero- pero que la Justicia ya ha suspendido de forma cautelar al considerar que no se ajusta a Derecho. Lo que se busca, explicó, es penalizar a los mandatarios locales que se nieguen a presentar las Cuentas utilizando el «fraude democrático» que, a su juicio, practicó Javier Maroto.

Con su planteamiento inicial y según los primeros cálculos forales, los ayuntamientos de Vitoria, Llodio y Amurrio serían los más perjudicados. Sólo la capital alavesa perdería 5,6 millones al año. «Presentan una norma sin consultar con nadie sólo para castigar a los ayuntamientos donde no gobiernan», le reprochó la portavoz del PP, Ana Morales.

Ahora empieza el debate y por lo afirmado por unos y otros, en caso de que haya acuerdo, saldrá una ley radicalmente diferente a la propuesta por los socialistas. «Dejen de hacer normas antiMaroto y preocúpense de las entidades locales», enfatizó Patxi Martínez de Albéniz, de Bildu. Por su parte, el portavoz del PNV, Ramiro González, avanzó que echarán el resto en conseguir que la futura norma foral exija al Gobierno de Javier de Andrés a pagar a los ayuntamientos los «11 millones» del dinero ya recuperado de las vacaciones fiscales, algo que Morales recordó que será así.