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El Gobierno fija el 1 de julio para iniciar el copago

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El Gobierno fija el 1 de julio para iniciar el copago

El Ejecutivo vasco reitera que será «imposible» poner en marcha el nuevo sistema de abono de medicamentos


Los usuarios deberán abonar parte de las prótesis y el transporte sanitario no urgente

25.04.12 - 02:41 -
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El copago farmacéutico ya tiene fecha. Los ciudadanos empezarán a pagar más por los medicamentos a partir del próximo 1 de julio, según fija el decreto que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva normativa contempla también que los usuarios de la Sanidad pública tendrán que abonar parte de las prótesis, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente. Además, los inmigrantes en situación irregular dejarán de recibir asistencia sanitaria gratuita el 1 de septiembre, salvo en Urgencias, las embarazadas y los niños.
Son algunas de las acciones que se recogen en el real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, con el objetivo de ahorrar 7.000 millones de euros a las arcas públicas. Aunque son de obligado cumplimiento para todas las comunidades, el Gobierno vasco ya ha advertido de que serán muy difíciles de poner en marcha este año. La portavoz del Ejecutivo autónomo, Idoia Mendia, reiteró ayer -en línea con los manifestado por el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa-, que es «imposible» que el nuevo baremo de copago de los medicamentos pueda estar operativo a partir de julio como pretende Rajoy. «Es imposible en el corto plazo por los cambios que exige no sólo en Euskadi, sino en todas las autonomías», insistió.
El BOE detallaba ayer las reglas del juego de esta nueva forma de pagar los servicios sanitarios en España. La aportación del ciudadano en los fármacos será proporcional a su renta y ésta se actualizará como máximo anualmente. Los usuarios con ingresos por encima de 18.000 euros pagarán el 50% de los medicamentos, mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40% actual y aquellos cuya renta sea superior a 100.000 euros, el 60%.
Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagarán el 10%, con un tope de 8 euros mensuales; los que disfruten de ingresos mayores abonarán un máximo de 18 euros al mes y los que ganan más de 100.000 euros tendrán un límite de 60 euros mensuales. Cuando se superen estos topes, la diferencia será reintegrada por la comunidad autónoma en la que resida en un periodo máximo de seis meses.
Los medicamentos serán gratuitos para los afectados del síndrome tóxico y personas con discapacidad, los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas, además de los parados de larga duración que no cuenten con prestación. Tampoco pagarán las medicinas aquellas personas que sigan un tratamiento derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. La aportación de los funcionarios, los militares y el personal al servicio de la Administración de justicia será del 30%.
Códigos en las recetas
Para aplicar este copago, las recetas se adaptarán a esos nuevos porcentajes de participación mediante unos códigos que figurarán impresos en la parte superior derecha de las mismas. El decreto establece que la Seguridad Social facilitará a las autoridades sanitarias los datos relativos a los niveles de renta del beneficiario para aplicarle el porcentaje que deba pagar.
Los usuarios también deberán comenzar a abonar las prótesis, los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente -que utilizan los pacientes para ir a rehabilitación o diálisis-, ya que se les considera «servicios accesorios». Estas prestaciones no estarán incluidas en la cartera común, un catálogo que acordará el Consejo Interterritorial de Salud, en el que están representados el Gobierno central y las comunidades autónomas. El porcentaje de pago del ciudadano sobre estos servicios se hará en función de la renta, al igual que ocurre en los medicamentos, aunque no se establece ningún límite para esta aportación.
Entre los servicios comunes, no se incluirán aquellas técnicas que no tengan probada su «contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento». También quedarán excluidos de la financiación pública algunos medicamentos, como los que están indicados «en el tratamiento de síntomas menores», aquellos que estén por debajo de un precio determinado y los que compartan principio activo con otro fármaco que se venda sin receta.
El decreto regula también la asistencia sanitaria a los extranjeros, tanto si se trata de ciudadanos de la Unión Europea como de los extracomunitarios. En este último caso, los que no estén regularizados como residentes en España sólo serán atendidos a partir del 1 de septiembre en urgencias, por enfermedad grave o accidente y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que un niño español. Para ello, se modificará la Ley de Extranjería y se exigirá a los ciudadanos de otros países que deberán estar afiliados a la Seguridad Social y pagar sus impuestos en España.
La norma incluye el control del denominado 'turismo sanitario' mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que, según desveló un informe del Tribunal de Cuentas, se dejó de facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 ciudadanos europeos, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, reiteró ayer el argumento del Gobierno del PP de que estos recortes son imprescindibles porque con la situación económica actual «no había posibilidad de mantener la Sanidad pública universal, gratuita y de calidad que nos merecemos». Aseguró que las medidas han sido «dialogadas» y «pactadas» con la mayoría de las comunidades, salvo Andalucía y el País Vasco.
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La ministra de Sanidad, Ana Mato, durante la sesión de control al Gobierno celebrada ayer. :: EFE
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