El exconsejero andaluz de Empleo, a prisión por enriquecer «a unos pocos»

La juez que investiga el supuesto fraude de los ERE asestó ayer un duro golpe a la presunta trama al dictar auto de prisión para el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, el político de mayor rango encarcelado por corrupción en Andalucía. La magistrada sostiene que la Junta puso en marcha en 2001 un sistema de concesión de ayudas que permitía «eludir ilícitamente» los controles. Según la juez, el procedimiento lo ideó Fernández, que con «absoluta dejación de funciones» promovió el «enriquecimiento injustificado» de personas cercanas al PSOE.

Alaya tardó cinco horas en redactar un extenso auto de prisión en el que mantiene la imputación inicial al exconsejero de Empleo. Es decir, cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude en la obtención de ayudas públicas, y otros dos de cohecho y falsedad documental. Pese a que realizó la imputación hace casi un año, justifica la adopción de medidas cautelares ahora no solo por la gravedad de los delitos, sino por el riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Para la juez y la Fiscalía Anticorrupción, Fernández y al menos otro consejero, José Antonio Viera, diseñaron un sistema para agilizar las ayudas públicas con la excusa de lograr la «paz social». Así, se pasó de las subvenciones excepcionales a las denominadas transferencias de financiación, con menos controles. Fernández insiste en que actuó con el aval de los servicios técnicos y jurídicos de la Junta, pero, según advirtió la magistrada, la política «no puede ir contra la ley y el Derecho». Alaya investigará este asesoramiento por si los servicios jurídicos hubiesen recibido órdenes para hacer prevalecer los criterios políticos.

«Difícil de creer»

La decisión de la magistrada pone de nuevo en el punto de mira a las más altas instancias de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por un procedimiento que «institucionalizaba la arbitrariedad y la discrecionalidad», de forma que se «podrían regalar las ayudas fraudulentas a personas próximas a la Junta de Andalucía y los socialistas».

A la juez le resulta «difícil de creer» que Fernández no fuera consciente de lo que pasaba -las ayudas directas a 'amigotes' y la inclusión de intrusos en los ERE-, siendo además una persona formada en Derecho. Esto demuestra, a su juicio, una «total despreocupación por el dinero público». Durante su mandato, como viceconsejero y como consejero, concedió 837 prejubilaciones por valor de 395 millones, y otras 294 ayudas directas a empresas por 82 millones. La mayoría de las ayudas se dieron sin solicitudes ni controles, con compromisos de pago superiores a los presupuestados, y fueron concedidas por la dirección de Trabajo de Francisco Javier Guerrero, también encarcelado, y su sucesor, Juan Márquez.

Fernández llegó a lamentar en su interrogatorio que tal vez pecó de exceso de confianza con su equipo, pero para la magistrada se trata más bien de que consintió «la total y absoluta falta de competencia de aquéllos para dichas concesiones». Es más, Alaya entiende que el exconsejero «propició de forma indiciaria» la concentración de muchas ayudas en dos comarcas concretas de Sevilla y Cádiz, y a empresas cuyos únicos méritos eran que «pertenecían al ámbito personal o político del PSOE andaluz».