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La monja acusada del robo de un bebé dice que ha prescrito

causa abierta en madrid

La monja acusada del robo de un bebé dice que ha prescrito

Sor María está ingresada en una clínica al sufrir un ataque de ansiedad

24.04.12 - 01:53 -
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Sor María Gómez Valbuena, la monja acusada del robo de un bebé en 1982, ha recurrido su imputación por detención ilegal y falsedad documental ante la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que la causa penal que se sigue contra ella en el Juzgado de instrucción número 47 ha prescrito. El recurso de apelación interpuesto por el abogado de la religiosa, José María Calero Martínez, llega después de que el juez Adolfo Carretero desestimara el sobreseimiento y archivo de las actuaciones y continuará con el proceso. Una decisión que el magistrado tomó antes de que sor María acudiera a declarar en calidad de imputada el pasado 12 de abril.
El letrado alega que su cliente no puede ser sometida a un proceso penal por hechos que, «aún en el supuesto que fueran ciertos y que se pudieran considerar delictivos, estarían indudablemente prescritos al estar datados hace treinta años». Es decir, que la responsabilidad penal de la religiosa de 87 años se habría extinguido.
La base del recurso se centra en la caducidad de los hechos imputados, en este caso detención ilegal y falsedad documental. Con respecto al primer delito, señala que de ser cierto que sor María sustrajo el bebé «en ningún caso consistiría en detener o encerrar a alguien». Y sobre el segundo delito dice que la recién nacida, hija natural de la denunciante María Luis Torres, estuvo en los primeros días de su vida bajo la «custodia, dependencia y a disposición de las autoridades sanitarias y administrativas de la Casa de Salud Santa Cristina, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia del gobierno de la época, presidido por Adolfo Suárez, de UCD.
«Adopción plena»
Recuerda el abogado de sor María que Pilar, la menor recién nacida y que fue supuestamente sustraída porque su madre «llevaba una mala vida», según la denunciante, fue entregada en «adopción plena» a Alejandro Alcalde y Juana Guerrero en marzo de 1982. Asimismo, señala el letrado que la legislación vigente entonces sobre adopciones «sólo podía realizarse bajo la dependencia y alta supervisión de las correspondientes autoridades administrativas -sanitarias y asistenciales-, judiciales -juez de primera instancia y juez del registro civil- y la intervención de la Fiscalía.
Por este motivo, añade, «la actuación de mi patrocinada, de producirse, lo fue necesariamente bajo la vigilancia, control y oportunas instrucciones o directrices de las autoridades sanitarias, administrativas y judiciales mencionadas». El defensor de sor María concluye que aún si fuera cierto lo relatado en la denuncia en ningún caso se trató de privar la libertad, secuestrar o encerrar en ningún lugar a nadie. Por ello reclama a la Audiencia de Madrid que resuelva la «errónea» imputación del delito de detención ilegal, el único que podría seguir vivo en caso de que se mantenga la acusación, según afirman fuentes jurídicas conocedoras del proceso.
Sor María permanece ingresada en la madrileña clínica La Milagrosa a causa de un posible ataque de ansiedad. Su hospitalización llega después de que al menos otros tres jueces de Madrid investigan denuncias por supuestos casos de bebés robados en los que aparece el nombre de la monja y el del doctor Eduardo Vela, de la clínica San Ramón, y al que los afectados sitúan en el centro de la trama.
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Sor María, de 87 años, se dirige a declarar ante el juez. :: EFE
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