El Ayuntamiento de Castro ha anunciado su intención de solicitar al Estado un préstamo de 6,8 millones de euros. El crédito, que se deberá amortizar en diez años con un interés del 5%, será destinado a solventar los compromisos contraídos con los proveedores hasta el 31 de diciembre del pasado ejercicio. Para su concesión, el Consistorio deberá aprobar en sesión plenaria antes de la conclusión del mes un plan de ajuste que podría afectar a la onerosa plantilla municipal, que supone un gasto anual de más de once millones. Según las condiciones exigidas por el Gobierno central para la aprobación este tipo de ayudas, también se podría ver afectado el personal de confianza de los partidos políticos, con sueldos que superan los 24.000 euros, y donde destacan las tres personas contratadas por el Partido Popular.
Mientras, el equipo de gobierno castreño encabezado por Iván González (PP), que gestiona con mayoría desde el criticado acuerdo suscrito en enero con Anexión a Vizcaya, espera abonar en las próximas semanas las facturas pendientes de los dos primeros meses del presente año. El montante de esta deuda se aproxima a 1,5 millones. En lo sucesivo, la intención del Ayuntamiento es acelerar el pago de las cuentas pendientes, con el fin de cumplir los plazos que fija la ley.
Los partidos de la oposición han visto con buenos ojos la solicitud del préstamo. El líder socialista, Daniel Rivas, lo considera «necesario» para hacer frente a la cantidad adeudada a los proveedores. No obstante, advierte que no resuelve el déficit municipal, sino que «crea una nueva deuda, a solventar en diez años con un aumento del 5%». A su juicio, las empresas no deben pagar las «consecuencias de una mala gestión». Recuerda además que la delicada situación económica del Ayuntamiento se ha gestado «en las últimas legislaturas, con gobiernos del PP». Rivas insiste en que el crédito se empleará para el pago del déficit «generado entre junio y diciembre del pasado año, periodo en el que el actual equipo de gobierno ha regido el Consistorio». Sin embargo, no señala al alcalde directamente como principal responsable de esta deuda, «ni tampoco se le puede eximir», ya que «no han presentado un plan financiero». Sobre el ajuste preceptivo para la recepción del préstamo, se muestra «pesimista, atendiendo a la dinámica del Ayuntamiento, que el 31 de mayo se deshará de los miembros de la banda de música y el personal de la escuela de adultos».
«Aliviará la situación»
Los socialistas también acusan al gobierno de «falta de responsabilidad», por los numerosos retrasos que ha sufrido la aprobación del presupuesto municipal, «aún desconocido y que, teniendo en cuenta la obligatoriedad de someterlo a exposición pública y el periodo de alegaciones, probablemente no entre en vigor hasta verano». Ángel Díaz-Munío, edil de CastroVerde, aprueba la decisión de recurrir a un crédito, porque «en este contexto, es, a instancias del interventor, la solución más factible». Argumenta que «aliviará la situación de los proveedores».
