La banca acusa al Gobierno de pedirle que asuma la lucha contra la exclusión social

Fría acogida de la banca a la propuesta del Gobierno de Rajoy para poner freno a los desahucios. La Asociación Española de Banca denunció ayer que el Ejecutivo del PP les está obligando «a asumir funciones» en la lucha contra la exclusión social que «corresponden a la Administración». Las entidades consideran que «una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse, sobre todo, en atacar sus causas y no sólo en paliar sus efectos». La patronal bancaria aseguró, además, tener «la mejor disposición» para adoptar el código de buenas prácticas aprobado ayer, pero recordó que ya tenían en marcha «numerosas actuaciones para paliar en lo posible la situación de aquellos clientes con mayores necesidades».

De igual modo, las cajas de ahorro recordaron al Ejecutivo popular que sus entidades «son sensibles» a estos problemas y ya aplican medidas para evitar que una familia se vea desalojada de su vivienda. Fuentes de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) indicaron que disponen de planes específicos, similares a los que ayer aprobó el Gobierno. Citaron, en concreto, la refinanciación de la deuda hipotecaria, la aplicación de períodos de carencia en el pago del capital, la dación en pago con carácter voluntario, o la adquisición de la vivienda para su posterior alquiler al deudor.

La CECA recordó que las cajas «han desempeñado un papel fundamental para favorecer el acceso a la vivienda en propiedad de amplias capas de la población, un factor muy positivo para fomentar la cohesión y la estabilidad social», De hecho, apuntaron, el 55% de los préstamos hipotecarios y el 69% en viviendas protegidas pertenecen a las cajas.

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, afirmó ayer que el decreto es «absolutamente insuficiente para resolver los graves problemas hipotecarios de España». A juicio de sus portavoces, «el fracaso de la norma está asegurado porque sólo se podrán resolver un insignificante número de problemas de desahucios que les interese a las entidades bancarias». La agrupación opina que la «complejidad de las medidas» constituye un «obstáculo» para su eficacia, y reclama que se cuente con los consumidores para lograr soluciones.