En 2011, la Defensoría de Pueblo atendió 1.640 consultas, dos más que el año anterior, y cinco veces más si se considera las planteadas en el primer año de andadura de esta institución, 2007.
Cuestiones concernientes a las consejerías de Salud y Servicios Sociales, Educación y Hacienda fueron las que más casos han acumulado. Se trata de padres descontentos en los periodos de matriculación escolar que consideran que no se respeta su derecho a elegir centro; quejas relacionadas con la implantación de la Ley de Dependencia y de las correspondientes ayudas públicas o de los giros de liquidaciones complementarias por parte de Hacienda sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
De todas las consultas, una tercera parte derivan en las 508 quejas que se plantearon en 2011, porcentaje que se aleja del 11% del año anterior, 2010. Díez Jalón ha recibido personalmente a 221 personas.
La Administración Autonómica es la que aglutina el mayor número de consultas, alcanzando el 36% frente a un 22,73% sobre la Local y otro 22,73% sobre la Estatal. Las resoluciones tramitadas se han aceptado en un 70%.
Para solventar las quejas, Díez Jalón ha abierto veinticuatro procedimientos de oficio sobre sanidad, medio ambiente, trabajo, tutela del ordenamiento jurídico, agricultura, bienestar social, educación y vivienda, y también ha elevado a tramitación parlamentaria tres informes especiales relacionados con la contaminación acústica en La Rioja, sobre el valor real de los inmuebles a la hora de calcular el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y sobre la implantación de la administración electrónica.
Con todo, la valoración que los usuarios realizaron del servicio de la Defensoría del Pueblo en 2010 destaca que tres de cada cuatro personas encuestadas valora como muy buena la atención y un 90% mostró satisfacción por la información que se facilita a los ciudadanos. En 2010 volvió a repetirse por tercer año consecutivo el deseo de los encuestados en que se eleve el nivel de presión sobre las Administraciones afectadas así como la pretensión de que las resoluciones fueran más vinculantes.
