La presencia de etarras en Venezuela ha convertido en papel mojado la colaboración judicial entre Madrid y Caracas. Tanto es así que la Audiencia Nacional, en un auto conocido ayer, supedita la extradición de un supuesto asesino con doble nacionalidad, acusado de quemar viva a su novia en el país caribeño, a que el Gobierno de Hugo Chávez garantice que entregará a España a los etarras reclamados que se encuentran en la misma situación. Se trata de una clara y evidente referencia a Arturo Cubillas Fontán, el supuesto dirigente de ETA cuyo entrega solicita España desde octubre de 2010, sin respuesta alguna, por ser el responsable de los cursillos en la selva amazónica con los activistas de las FARC, y que también tiene doble nacionalidad.
El caso analizado por la Audiencia Nacional se refiere a Alejandro Iglesias Zurita, de 30 años, detenido el pasado junio en Santiago de Compostela a petición de Interpol, tras ser acusado en Venezuela de la muerte de su novia, Bárbara González, a la que habría quitado la vida al quemarla viva en 2009 en la localidad venezolana de El Tigre. Iglesias, de origen gallego, nació en Venezuela y tiene la nacionalidad de ese país, aunque adquirió la española, la de su padre, en 1998.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recuerda en su resolución que la Constitución española garantiza que los ciudadanos españoles solo serán extraditados si existe un «principio de reciprocidad»; esto es, que Venezuela también entregue a España a sus nacionales.
La resolución, que en ningún momento cita a Cubillas expresamente, sí que recuerda que la Constitución Bolivariana de Venezuela impide la entrega de sus nacionales, con lo cual no habría reciprocidad. Pero la Audiencia Nacional, que insiste en la gravedad del delito que se le imputa a Iglesias, cree que hay un resquicio para la extradición dado que no es español de origen, como tampoco lo es el dirigente etarra, que no es venezolano por nacimiento.
Sesenta días
Por ello, la Audiencia Nacional accede a la entrega del reclamado «si en el plazo de 60 días» Venezuela «da garantías por escrito de que en los supuestos de doble nacionalidad como el descrito, nacido en España con pasaporte venezolano, caso de Cubillas, se «aplicará la reciprocidad y accederá a la entrega de los reclamados».
Si el Gobierno de Chávez no da garantías de que extraditará al miembro de ETA, España no entregará al supuesto asesino. Eso sí, tampoco está dispuesto a dejarlo libre por las buenas por lo que ofrece que sea juzgado en España -cesión de jurisdicción- siempre que la Fiscalía del país latinoamericano presente la «correspondiente denuncia oficial».
En este caso se da una circunstancia especialmente curiosa: el magistrado que ordenó la detención de Iglesias a petición de Interpol fue el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el mismo instructor del sumario sobre la colaboración entre ETA y las FARC en territorio venezolano. Este magistrado ha pedido en reiteradas ocasiones, sin éxito, la colaboración judicial a los tribunales del país caribeño para aclarar los cursillos de etarras en la selva amazónica.
