De una parte, la edición de la identidad de una funcionaria que reclama el pago de una indemnización de 50.000 euros al considerarse víctima de un supuesto caso de 'mobbing' (acoso laboral), que fue abordado en la última comisión de Servicios y, consecuentemente, identificada en el texto del acta que se cuelga en el Tablón de Anuncios del Consistorio. De otro, la aprobación final del Presupuesto para el año en curso a pesar de las quejas formuladas desde la junta de personal que reclamaba la negociación de todos aquellos puntos que están directamente relacionados con las condiciones laborales de la plantilla municipal.
Uno y otro caso vuelven a reabrir las 'hostilidades' entre los sindicatos y la cúpula municipal a la que, según reconocieron dirigentes regionales de UGT, se pretende llevar ante los Tribunales al entender que la Administración jarrera ha incumplido la Ley de Protección de Datos haciendo pública la identidad de la referida trabajadora.
Se considera, incluso, la existencia de un agravante. Desde Secretaría se ha impedido al investigador Fernando De la Fuente el acceso a expedientes del Archivo Histórico, que se supone público, al tratarse de casos que refieren a personal concretas y supondría una invasión de su intimidad. En éste caso se ha sometido a exposición pública sin haberse cerrado siquiera el expediente en cuestión.
A diferencia de este caso, de carácter personal, que enfrenta a la funcionaria y al equipo de gobierno desde hace varios meses y que la central socialista considera un «atropello contra los derechos de los trabajadores», el frente abierto por CSIF plantea una cuestión de fondo que ya fue resuelta, no obstante, en el pleno del pasado martes. El órgano ejecutivo rechazó, amparándose en los argumentos jurídicos esgrimidos desde Secretaría, la reclamación formulada por la central independiente contra los Presupuestos municipales que considera «improcedentes» y «no conformes a derecho» al no haber establecido antes de su aprobación, ya definitiva, negociaciones con la junta de personal para abordar cuestiones como «la aprobación de la plantilla, los aspectos retributivos, programas y fondos para la acción de promoción interna, formación y perfeccionamiento, criterios generales de acción social y, en general, todas las materias de índole económica y social relacionadas con los empleados públicos».
Sus representantes advirtieron «discrepancias» en varios programas del documento económico. Una de ellas, la evidente diferencia «entre la realidad (del organigrama policial) y lo reflejado en la plantilla adjunta al presupuesto» ya que reserva dinero para veinticinco agentes y un administrativo, cuando en la actualidad sólo hay dieciocho policías y no existe administrativo; o la insuficiencia de los fondos reservados para formación.
