Las reacciones a la condena de Garzón fueron ayer de lo más dispares. El Gobierno y la Fiscalía se limitaron a mostrar su respeto a una resolución que rehusaron valorar, el Poder Judicial destacó la «independencia e imparcialidad» del proceso y el PP se dividió entre la neutralidad de las declaraciones oficiales y la satisfacción de dirigentes como Esperanza Aguirre por la sentencia contra un juez al que durante meses acusaron de acometer una persecución política contra su partido con la instrucción del 'caso Gürtel'. Las formaciones de izquierdas rechazaron en bloque el fallo y mostraron su asombro ante el hecho de que el primer condenado en la maraña judicial vinculada a la trama corrupta sea el juez que inició la investigación.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expresó el «máximo respeto» del Gobierno a la decisión del Supremo. «No hay ningún tipo de valoración política, hay una valoración única y exclusivamente de respeto absoluto a las decisiones del poder judicial». Menos encorsetada por sus obligaciones institucionales, su correligionaria Esperanza Aguirre calificó el de ayer como «un día alegre para la democracia» y se refirió a la sentencia como un «triunfo» del Estado de Derecho, porque «demuestra que el fin, por muy loable que sea, no justifica los medios».
Radicalmente distinto era el sentimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, quien confesó que el fallo le «entristece». «Hoy me acuerdo de la lucha que hicimos juntos contra ETA», dijo el secretario general del PSOE. La postura oficial del partido la marcó su portavoz de Justicia, Julio Villarrubia, que admitió que la resolución «no nos gusta, nos causa extrañeza y preocupación».
El coordinador general de IU, Cayo Lara, observó que «vamos a tener dificultades para explicarles a nuestros hijos que los buenos fueron condenados y los malos no se han sentado en el banquillo». También desde la izquierda, el portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiella, denunció que «la Justicia española sufre un verdadero cáncer», mientras que el diputado de ERC Joan Tardà lamentó que Garzón se haya convertido en «la primera víctima de la ultraderecha» y Francisco Jorquera (BNG) interpretó el «linchamiento» del juez como una «vendetta» por investigar los crímenes del franquismo.
Las críticas, de las que se desmarcaron CiU y UPyD amparándose en el respeto a las decisiones judiciales, recibieron la contundente respuesta del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Carlos Dívar, desde su «más absoluto respeto al derecho a la crítica de las resoluciones judiciales», tachó en un comunicado de «inaceptables, frívolos y carentes de fundamento» los «ataques» al Supremo por su decisión. Asimismo, advirtió de que atribuir al alto tribunal «otras intenciones más allá de la recta e imparcial aplicación de la ley constituye un grave atentado al Estado de Derecho».
