El paro de cuatro horas en el sector público vasco convocado para la jornada de ayer por las centrales nacionalistas ELA, LAB y STEE-EILAS tuvo un seguimiento muy desigual según los diferentes territorios, áreas de actividad y entes emplazados a participar en él. A la protesta contra los recortes laborales a los empleados públicos estaban llamados más de 110.000 trabajadores de los tres niveles de las administraciones vascas (autonómica, foral y municipal) y de sus empresas y organismos dependientes, así como el personal de la Administración General del Estado en Euskadi.
Siguiendo una pauta ya habitual en la mayoría de las huelgas en Euskadi, la incidencia mayor se produjo en Gipuzkoa, en Bizkaia fue bastante más reducida y en Álava, escasa, salvo en Educación donde tuvo un seguimiento del 45%, según fuentes oficiales.
Por subsectores, precisamente fue en Educación donde más se dejó notar, así como en la administración local de los ayuntamientos de Gipuzkoa dominados por Bildu y de algunos de Bizkaia, sobre todo, en los que la izquierda abertzale cuenta con una mayor presencia. También tuvo reflejo en los transportes públicos -metro de Bilbao, Eusko Trenbideak, Feve y cercanías de Renfe-, donde a pesar de cumplirse los servicios mínimos se registraron aglomeraciones y esperas de viajeros en las horas punta.
En el resto de administraciones y organismos afectados, el impacto del paro fue sensiblemente menor aunque, una vez más, volvió a repetirse el ritual de la 'guerra de cifras' y valoraciones dispares entre convocantes y Gobierno vasco. Así, mientras las centrales nacionalistas calificaron de «muy positiva» la huelga por el seguimiento «generalizado» obtenido, el Ejecutivo autonómico cifró en una media de «alrededor del 20%» el alcance global del paro, por lo que consideró que su incidencia había sido «escasa».
Los datos ofrecidos por los sindicatos disparaban hasta el 70% el seguimiento en la enseñanza no universitaria y al 65% en la administración autonómica, la de Justicia y en los diferentes servicios de las tres diputaciones forales. En Osakidetza afirmaron, sin cifrarlo, que había sido «superior» al de anteriores convocatorias, «total» en las sociedades y empresas públicas, y «menor» entre los trabajadores de la Administración del Estado en el País Vasco.
Asimismo, manifestaron que el paro había sido secundado por el 65% del personal en el Ayuntamiento de Vitoria, el 75% en el de San Sebastián y el 80% en el consistorio bilbaíno. Y «total» en numerosos municipios de Gipuzkoa como Tolosa, Zumarraga, Ordizia, Hernani, Andoain, Billabona, Mondragón, Bergara, Deba, Azkoitia, Zarautz, Azpeitia o Zumaia, entre otros; en los vizcaínos de Durango, Amorebieta, Gernika, Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Arrigorriaga, Lemona, Sopelana, Plentzia, Muskiz y Zierbana; y en los alaveses de Llodio, Agurain, Alegría o Murgia.
Por contra, el Gobierno vasco precisó que la huelga fue seguida por el 37% del personal de Educación, el 22% del de la Administración general autonómica, el 20% en Justicia, el 14% del personal laboral del Departamento de Interior y solo el 5% en Osakidetza. También la Diputación de Bizkaia rebajó al 18,5% el seguimiento del paro entre sus empleados.
A la vista de estos datos, el viceconsejero de Función Pública vasca, Juan Carlos Ramos, manifestó que «los sindicatos convocantes «tendrán que reflexionar sobre el resultado de su negativa a participar en la mesa general, sin dar opción siquiera a escuchar las propuestas, valorarlas e intentar mejorarlas mediante la negociación».
Manifestaciones
Los actos centrales de la jornada de protesta fueron las manifestaciones que se desarrollaron a mediodía en las tres capitales vascas y que, según los convocantes, reunieron a más de 22.000 personas. La de Bilbao, donde las mismas fuentes cifraron en 10.000 los participantes, contó con la presencia de los secretarios generales de ELA, Adolfo Muñoz; LAB, Ainhoa Etxaide; y STEE-EILAS, Belén Arrondo.
En San Sebastián se dieron cita unos 7.000 manifestantes entre los que se encontraban el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, la responsable foral de Hacienda, Helena Franco, y el alcalde de la ciudad, Juan Karlos Izagirre, entre otros representantes institucionales, todos ellos de Bildu.
En Vitoria se manifestaron, según distintas estimaciones, entre 2.000 y 5.000 personas.
