«Esto ha sido un auténtico calvario». Desde que en 2006 el Ayuntamiento de Amorebieta planteó la reordenación de la calle San Pedro para la construcción de 74 viviendas en pleno centro, la tranquilidad de la comunidad dio un giro de 180 grados. La idea parecía sencilla. Derribar el inmueble, construir uno nuevo y realojarles en él. Pero tras la modificación de las normas subsidiarias y sin un plan de realojo, emprendieron la lucha para recuperar el valor patrimonial de sus hogares. Después de seis años batallando han conseguido que un fallo judicial se ponga de su parte y les permita quedarse en sus casas sin la amenaza de la piqueta.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula la modificación de las normas subsidiarias realizada por el Ayuntamiento en octubre de 2006 e impide el derribo de la edificación. Según se manifiesta en el fallo, la nulidad obedece a que la operación urbanística se hizo sin la reserva legalmente prevista del 20% de VPO, con pocas zonas verdes y sin estudios económicos que garantizasen el realojo de los vecinos que quedaban fuera de ordenación.
«Es una alegría a medias porque, aunque hemos paralizado el plan, dentro de un par de años podríamos volver otra vez al principio», apunta Eduardo Gorroño, presidente de la comunidad de vecinos del número 12 de la calle San Pedro. «La verdad es que durante todo este tiempo nos veíamos en la calle. Tu casa existe hasta que el Ayuntamiento dice que no».
Deterioro y humedades
Crítico con la «pasividad» del Ayuntamiento, Gorroño lamenta su falta de apoyo cuando la promotora les pidió por sus nuevas viviendas dos tercios del valor del inmueble, que oscilaba entre 80.000 y 90.000 euros, y les dejaba sin sus actuales vistas al parque Zelaieta. En este tiempo, además, ha visto cómo su edificio se ha ido deteriorando poco a poco. El mal estado del inmueble anexo, prácticamente abandonado, ha salpicado de humedades el exterior e interior del edificio, que no ha podido ser reparado porque su coste excede de lo permitido en edificios fuera de ordenación.
La incertidumbre y el «miedo» ha golpeado sobre todo a los vecinos de avanzada edad. «Imagina cómo lo hemos pasado, con mis padres mayores y sin garantías de nada», dice Valle García, que no ha podido instalar la calefacción porque desconocía lo que sucedería finalmente.
