Álava tiene desde 1995 una competencia a la que Bizkaia y Gipuzkoa han renunciado: la Junta Arbitral del Transporte, encargada de mediar en cuestiones específicas del sector tanto si afecta a mercancías como a viajeros. La crisis ha hecho que su trabajo se multiplique y ya son más de 200 las demandas anuales que tramita. El impago de portes es el principal motivo.
«Es muy importante que se sepa que existe este consejo, porque es gratuito y sus laudos son de obligado cumplimiento», destaca la diputada de Obras Públicas y Transportes, Alicia Ruiz de Infante. La Diputación tutela este órgano del que forman parte como árbitros juristas funcionarios, una representante de las asociaciones de consumidores y usuarios y portavoces de agencias de transporte y de empresas de mercancías, autobuses, tranvía, taxi y tren. Cada uno interviene sobre su medio. Ninguno recibe remuneración y se mueven por los principios de imparcialidad y respeto a la legislación.
Hace diez años, el grupo estudió 38 demandas. En 2007, ya fueron 67. Y durante 2010 y 2011 tuvieron que resolver 232 y 217 denuncias respectivamente. Fuentes consultadas por este periódico no dudan en achacar a la crisis el incremento de casos. La prueba es que, solo el pasado año, 132 de las 217 demandas se debieron a impagos de portes. Les siguieron los casos de retrasos en el transporte de viajeros por tierra, con 16 quejas.
Dos meses para resolver
El tiempo que se tarda en emitir un laudo es de solo dos meses. La junta puede tratar cualquier reclamación que no supere los 6.000 euros y las dos partes están obligadas a comparecer y acatar lo que diga el laudo. Si una lo desoye, la otra puede acudir a los tribunales y los jueces tendrán en cuenta el dictamen. «Esta institución funciona tan bien que existe una previsión de incrementar ese límite a 10.000 euros», señaló la jefa del servicio de Transportes, Ane Miren Arrieta.
Pueden acudir viajeros, transportistas, cargadores, usuarios o consumidores siempre que lo que planteen no tenga carácter laboral o penal. El tribunal resuelve demandas por incumplimiento de contratos, desde impagos a retrasos en la entrega, daños o pérdidas, o transportes de viajeros que llegan tarde.
La abogada Blanca Ibáñez es la voz de los consumidores en ese tribunal. «A diferencia de las juntas arbitrales de consumo ésta es específica de transporte», defiende. Es una de las más veteranas en este órgano y ha ayudado en demandas como la de un hombre que envió a arreglar un reloj antiguo a través de un mensajero y se rompió aún más por el camino, la de robos de maletas de las bodegas de un autobús o la de viajeros que esperaron un tren que nunca paró en las estación. «No es normal que se reclame por algo que vale menos de 100 euros, pero merece la pena intentarlo», indica.
Un escrito de reclamación es suficiente para que la junta atienda una petición. Basta con registrarlo en la Diputación y llegará a la mesa de este 'jurado'.
