LAS CIFRAS
La complejidad burocrática que rodea el fenómeno de las llamadas vacaciones fiscales, las ayudas ilegales otorgadas en la década de los noventa, ha llegado a los ayuntamientos alaveses. El primero en encender la mecha fue el PNV, mientras que el concejal de Hacienda de Vitoria, Manuel Uriarte, azuzado también por los peneuvistas, no ha tardado mucho en subirse al tren de las reivindicaciones reclamadas a la Diputación. En total, pide el reparto de unos 13 millones, de los que 10 corresponderían a la capital.
Sin embargo, estas cifras difieren de las que maneja el Gobierno foral de Javier de Andrés. En total, serían algo menos de 9, de los que un 80% irían para Vitoria. La polémica viene desde que en octubre pasado, el Ejecutivo provincial acordó con las otras dos diputaciones pagar al Gobierno vasco su parte proporcional (el 70%) de las cantidades recuperadas. En el caso de Álava, las empresas devolvieron a la Hacienda foral 77 millones.
Si se hubiera seguido el sistema tradicional de reparto que rige las actuaciones del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) a la hora de redistribuir la recaudación fiscal, la Diputación también estaría obligada a pagar parte de estas ayudas a las entidades locales del territorio. De momento no lo ha hecho y a tenor del cariz de las conversaciones entre los agentes implicados -partidos e instituciones-, el equipo del diputado de Administración Local, Javier Ruiz de Arbulo, busca ahora una fórmula de consenso excepcional para una situación no menos extraordinaria.
Ayudas de Estado
El primer obstáculo surge a la hora de valorar la propia naturaleza de las cantidades recuperadas. Su devolución se produjo en concepto de ayudas de Estado y no como subvenciones fiscales, lo que eximiría a la Diputación de tener que pagar algo a los ayuntamientos. Siguiendo este mismo criterio, el Gabinete De Andrés tampoco estaría obligado a pagar a Lakua, pero al final se hizo utilizando una metodología nueva basada en una relación dual entre Diputación y Gobierno vasco. De hecho, con el tiempo, ha trascendido que el objetivo es que estos 54 millones abonados por Álava retornen en un futuro al territorio en favor de políticas destinadas al desarrollo industrial.
Además, aún existe un segundo capítulo pendiente cuyo devenir se conocerá a mediados de este año. Si como parece, el Tribunal de Luxemburgo exige a Álava recuperar más dinero del ya devuelto -las peores previsiones, como desveló EL CORREO, podrían rondar los 400 millones-, los ayuntamientos volvería a exigir su parte del pastel. Por ello, desde el Palacio de la Provincia se ha pedido prudencia y tiempo para conocer cómo termina el contencioso.
