Las investigaciones por los supuestos casos de bebés robados ocurridos en hospitales y clínicas vascas durante el franquismo y los primeros años de la democracia prosiguen. Este mismo mes está previsto que declaren en calidad de imputados un ginecólogo y una matrona por su presunta implicación en un caso ocurrido en 1975 en el Hospital Provincial de San Sebastián -ahora integrado en el Hospital Universitario Donostia- a una mujer que vivía por aquel entonces en Oiartzun.
La familia interpuso una denuncia en mayo del año pasado ante la Fiscalía para a saber la verdad de lo que ocurrió con aquel bebé. «Les dijeron que ellos se ocupaban de todo y que el niño fue enterrado en Polloe, pero en el cementerio no consta que fue inhumado allí», asegura Susana Espí, hermana del supuesto niño desaparecido. Según fuentes consultadas por este periódico, el juzgado que instruye el caso atribuye un delito de detención ilegal al ginecólogo y a la matrona. «El juez ha dictado esta providencia tras examinar el escrito remitido por la Policía Judicial de la Ertzaintza, que ha investigado este caso», aseguran las mismas fuentes. Anteriormente, el mismo juzgado llamó a declarar, esta vez en calidad de testigo, a un médico analista dentro de las investigaciones de este caso, según señalan desde la familia denunciante.
Con abogados
Esta testificación no es la primera que se produce en Gipuzkoa, aunque sí es la primera que trasciende a la luz pública. Entre otros casos, previamente ha habido imputaciones en un juzgado de Tolosa, si bien, tras la declaración, «nadie fue acusado por el juez», según fuentes jurídicas consultadas. En uno de los procesos «se hizo declarar como imputado a una persona que en realidad era el hijo del médico cuya declaración solicitaba la Fiscalía. Testificó que cuando ocurrieron los hechos él contaba con 13 años y se suspendió su declaración». En Bizkaia ya ha trascendido la declaración como imputado de un ginecólogo, relacionado con la exhumación realizada en Derio en la que, al igual que las practicadas en Polloe e Itsasondo, no se encontraron restos del bebe enterrado supuestamente allí.
De regreso al caso de en el Hospital Provincial, el juez puede acusar formalmente al ginecólogo y a la matrona. A diferencia de las declaraciones en calidad de testigo, acudirán acompañados por sus abogados y, si así lo desean, podrán negarse a prestar declaración. De momento, como el resto de casos de bebés robados, se trata sólo de diligencias previas.
Los hechos por los que testificarán se remontan al 21 de julio de 1975. Rosa María Ibáñez y Esteban Espí, de 25 y 27 años, vivían por entonces en el barrio de Arragua, en Oiartzun. La pareja esperaba su primer hijo tras un embarazo normal. «Una semana antes del parto acudió a la Residencia Arantzazu porque sentía molestias. Le miraron y le dijeron que todo estaba bien», recuerda Susana, de 34 años, hija de Rosa María.
A los pocos días llegó el momento del parto. «Mi madre acudió al Hospital Provincial porque allí realizaban lo que en la época eran partos sin dolor, es decir, anestesiadas». Nada más entrar por la puerta comenzaron los problemas. «Le dijeron que el bebé venía muerto. Mi madre les explicó que eso no podía ser porque ella continuaba sintiendo al pequeño dentro. Ellos le aseguraron que no había nada que hacer», añade Susana.
Sin rastro ni documentos
Según relata, su madre fue anestesiada y, cuando se despertó, ya se hallaba en la habitación. «Ya estaba todo hecho». Esteban, su marido, estuvo a su lado, aunque no pudo entrar en el parto. «Le enseñaron el cuerpo de un bebé fallecido, pero mi madre no vio nada». Les dijeron que ellos se encargaban de enterrarlo. Tras aflorar los primeros casos de bebés robados, decidieron investigar. «En el registro civil de San Sebastián no aparece el legajo de aborto, algo que debería aparecer si es que realmente nació muerto», cuenta la hija. Supuestamente, el bebé se enterró en el cementerio de Polloe, pero «allí no consta que fue enterrado y no aparece por ningún lado ningún documento en el que un médico certificara su muerte».
