El proyecto de ley de aprendizaje a lo largo de la vida -que permitirá la expedición de certificados de FP a personas que carezcan de títulos, pero que acrediten sus conocimientos a través de la experiencia laboral-, dio ayer un nuevo paso al ser aprobado por el Gobierno vasco. Como explicaron la consejera de Educación, Isabel Celaá, y la titular de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, se harán convocatorias públicas para identificar exactamente las competencias adquiridas por los interesados, que deberán abonar una tasa (a excepción de los parados) para participar en esos programas en los que serán evaluados. Ahora, la normativa iniciará su trámite parlamentario.
El proyecto contempla también la creación de centros integrados que se ocuparán de la formación en colaboración con orientadores de Lanbide y de centros públicos y concertados. En definitiva, la ley busca impulsar la formación de los ciudadanos a lo largo de la vida y fija un marco legal que establece el aprendizaje «como un derecho para la ciudadanía vasca», incidió Celaá, mientras que Zabaleta destacó que «la formación que es capaz de cualificar a los parados y trabajadores es la mejor política activa».
Agencia universitaria
Ayer mismo también se aprobó el proyecto de ley de la agencia de calidad del sistema universitario vasco (Unibasq), que tiene como principal objetivo adaptarla al proceso de Bolonia. La normativa reforzará la independencia de este estamento, estableciendo que el Consejo de Gobierno, con representantes de las universidades y el Ejecutivo autónomo, es el responsable del gobierno estratégico de la agencia y de la definición de los objetivos de la misma.
