Baltasar Garzón se despojó ayer de la toga para declarar de nuevo como imputado ante la sala del Tribunal Supremo que le juzga por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. El juez de la Audiencia Nacional, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, defendió su actuación marcando una línea roja entre las razones políticas que algunos le reprochan y la búsqueda de la protección de las víctimas, la única motivación que le movió cuando admitió las decenas de denuncias de las asociaciones de la memoria histórica que llegaron a su juzgado a finales de 2006, aseguró el magistrado.
«No investigué crímenes políticos, sino delitos de lesa humanidad. Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías, porque aquí ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y el juez tiene la obligación de investigar esos hechos y dar protección», sostuvo Garzón.
Recuperado de la afonía que le acompañó en el juicio por las escuchas del 'caso Gürtel', hace apenas dos semanas, pero con el rictus igualmente serio y el estado de ánimo bastante pesimista, el juez se sentó de nuevo en el banquillo de los acusados y de inmediato recibió el primer pescozón de la sala. Una mayoría de los siete magistrados del tribunal rechazó la anulación del juicio por la «falta de legitimidad» de la acusación popular, el sindicato Manos Limpias, como pidieron su defensa y la Fiscalía durante la sesión de cuestiones previas, celebrada el 24 de enero. El anuncio de la sala no cogió de sorpresa a casi nadie, pese a las especulaciones de los últimos días.
Tras el golpe, Garzón pasó al ataque. Primero rechazó contestar al interrogatorio del abogado de la acusación, que formuló sus preguntas para que quedara constancia, y luego sacó su repertorio jurídico para explicar a su defensa por qué decidió admitir las denuncias y realizar determinadas indagaciones.
Punto por punto trató de desmontar las acusaciones del magistrado Luciano Varela en el auto de apertura de juicio oral. Lo hizo siguiendo los hitos cronológicos del procedimiento, desde que admitió las primeras denuncias, en diciembre de 2006, hasta que decidió inhibirse en favor de los juzgados territoriales, en noviembre de 2008.
El juez consideró que las denuncias que llegaron por reparto a su juzgado, tal y como quedó probado, describían un «plan preconcebido y sistemático» de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales y secuestro de niños y torturas «que encajaban dentro de los crímenes contra la humanidad, según los tratados internacionales reconocidos por la jurisdicción española».
Nazismo y Pinochet
Se trató, según Baltasar Garzón, de hechos similares a los ocurridos entre 1933 y 1945 en otros regímenes totalitarios en Europa y sacó a colación un dato objetivo, la causa abierta en el juzgado de instrucción dos de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Ismael Moreno, contra altos cargos del régimen nazi y sus campos de concentración con la presencia de supervivientes españoles.
Es por ello, continuó el juez, que se declaró competente en octubre de 2008 para investigar dichos crímenes en conexión con un delito contra la Constitución y altos organismos de la nación. Todo ello amparado por los convenios internacionales y la doctrina que el Supremo estableció para ratificar la condena al exmilitar argentino Adolfo Scilingo por los desaparecidos en Argentina. «No hice una cosa diferente a lo que he hecho en todos y cada uno de los procedimientos en los que correspondía esta decisión procesal», manifestó Garzón para mencionar el criterio que le permitió reclamar la detención del dictador Augusto Pinochet.
Sobre la Ley de Amnistía de 1977, el juez dijo que no la «sorteó», como sostuvo el magistrado Varela, porque los efectos para este tipo de delitos permanecen en el tiempo. «No son crímenes políticos», aseveró.
Tras una hora y veinte minutos de declaración, el juez concluyó su defensa con el argumento de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional nunca le acusó de estar incumpliendo la ley, como también quedó patente en el voto particular de tres magistrados de ese tribunal que avalaron la competencia de Garzón para atender las denuncias.
