No se atrevió a precisar cifras, pero advirtió de que el recorte será «importante». Jorge Fernández Díaz confirmó en el Congreso lo ya adelantado por EL CORREO, que su Departamento estudia un plan para una reducción considerable de los escoltas, la mayoría destinados en el País Vasco y Navarra, dentro de la política de «austeridad y racionalización en el empleo de los recursos públicos».
El ministro del Interior reconoció que aunque «pervive latente la amenaza» de ETA, lo cierto es que los «análisis» de su equipo desvelan que «el número de protegidos y de protectores está muy por encima de lo que estimamos como razonable». Una alta cifra de guardaespaldas que se convierte en un «desfase extraordinario» si se compara a España, con sus «centenares» de protegidos, con los países de la Unión Europea, donde los escoltados «se cuentan por unidades».
Este «Plan de Reducción de los Servicios de Protección» que está elaborando la Secretaría de Estado, y en el caso de Euskadi en coordinación con la consejería de Interior que dirige Rodolfo Ares, pasará por un «análisis de riesgos individualizado» de cada protegido. En cualquier caso, aseguró Fernández Díaz, cualquier decisión será «reversible».
El ministro no ocultó que con este drástico recorte espera enjugar parte de la deuda de su Departamento, que en el caso de la Policía Nacional supera los 175 millones de euros. Según sus propias cifras, en España, más de 1.500 personas tienen escolta, a las que se suman los electos locales, cuya protección es asumida por policías municipales.
Este número de protegidos se traduce en que 2.668 efectivos de Policía y Guardia Civil están asignados en exclusiva a estas funciones, más otros 700 escoltas privados que sufraga el Ministerio del Interior. En total, el Gobierno gasta en protección de amenazados 160 millones de euros anuales, de los cuales cien están dedicados a sufragar los sueldos de escoltas privados en el País Vasco y en Navarra.
