Se esperaba que fuese cuestión de horas, pero al final van a ser días, concretamente una semana, el próximo lunes, por lo menos, el tiempo que tardará en conocerse la resolución sobre el caso Alberto Contador por su positivo por 50 picogramos de clembuterol en el Tour de Francia de 2010.
El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) emitió ayer un comunicado en el que decía que «en el procedimiento de arbitraje que implica a la Unión Ciclista Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje, por un lado, y Alberto Contador y la Federación Española de ciclismo, por otro, el TAS dará a conocer el día 6 de febrero la fecha y la hora en la que comunicará la decisión que ha tomado sobre el caso».
Hay varias cuestiones en todo este proceso que están muy claras, al menos desde el punto de vista legal. La primera es que el TAS podría sancionar a Alberto Contador con dos años de inactividad. El corredor está convencido de que le van a absolver, como ya sucedió con el Comité de Competición de la Federación Española, puesto que considera que las pruebas presentadas por su equipo de abogados son lo suficientemente sólidas.
El caso ha soportado varias convulsiones, con la Agencia Mundial Antidopaje, o sus abogados, que filtraron, de forma interesada, algunos detalles del juicio con el fin de dañar la imagen de Contador, o de justificar un posible fallo en su contra. Una imagen que, por cierto, nadie ha conseguido derrumbar.
Hay muchas cuestiones en juego, puesto que el retraso en el fallo del TAS podría dejar sin Tour 2012 a Alberto Contador, en función de la decisión que tomen.
Un caso costoso
Hay que recordar que el positivo fue el 21 de julio de 2010 y cuando se suspendió cautelarmente al corredor fue el 24 de agosto. En el hipotético caso de que le sancionasen un año, se quedaría sin Tour 2010 y podría hacer el final de temporada desde mediados de agosto, corriendo la Vuelta a España.
El caso de Alberto Contador se puede ver desde muchos apartados. Uno de ellos es el económico. El corredor no ha escatimado gastos en su defensa y se ha rodeado de un potente grupo de abogados en el que hay letrados de España, Suiza e Inglaterra, además de haber contratado a un buen número de expertos en distintas materias, así como detectives. Todo el gasto ha corrido de su cuenta, con una cantidad que ronda el millón de euros.
