Cabían unos 400 y entraron más de 1.500. A los cuatro colectivos musulmanes que el pasado 30 de agosto organizaron una reunión en el centro cívico Aldabe para celebrar el final del Ramadán se les desbordaron las previsiones. El aforo se multiplicó casi por cuatro, lo que está prohibido por los riesgos que supone para la seguridad de los presentes en caso de tener que evacuar el edificio. El colectivo Sunna, que representa a todas las mezquitas alavesas, pidió disculpas, pero ello no le ha librado de una multa. El Gabinete Maroto ha decidido imponer una sanción «leve» a los musulmanes por la infracción. Deberán pagar 750 euros, eso sí, con «apercibimiento», lo que significa que si reinciden las consecuencias serán «más graves», explicaron portavoces de Alcaldía.
El propio regidor popular fue el que desveló a principio de septiembre, en su primera rueda de prensa tras las vacaciones del verano, lo ocurrido en Aldabe. Maroto calificó los hechos como «infracción importante de la normativa» y anunció que el Ayuntamiento actuaría en consecuencia. «En esta ciudad las normas son para todos, nos gusten o no. No se las pueden saltar a la torera. Si eso lo hubiera hecho una asociación deportiva, le habrían quitado la licencia», dijo entonces.
Estas declaraciones le valieron las críticas por parte del PNV. Su portavoz, Gorka Urtaran, consideró «grave» que el alcalde hiciese «unas duras acusaciones contra el colectivo musulmán. Ha hecho público lo que pasó en el centro cívico Aldabe por su cuenta, lo que demuestra el carácter racista y xenófobo de la política del PP». «Se vanagloria de poner contra las cuerdas al colectivo musulmán», concluyó un preocupado Urtaran.
Pidieron disculpas
Las cuatro asociaciones religiosas islamistas que participaron en la fiesta del fin del Ramadán pidieron discupas por escrito al alcalde. Le enviaron una carta en la que reconocían su error y lo achacaban a la falta de información de la persona encargada de pedir los permisos. «La ley es para todos y no nos sentimos discriminados por la actuación municipal», escribían en una misiva en la que también pedían no ser «tema de debate» entre los grupos políticos.
Ahora, una vez resueltos todos esos trámites que acompañan a un expediente sancionador, el Ayuntamiento se ha visto obligado a publicar la resolución en el Boletín Oficial de Álava (BOTHA) al no poder localizar a los portavoces de la Comunidad Islámica Sunna. Desde ayer disponen de cinco días para pedir el expediente y si lo hacen y quieren apelar tendrán dos semanas más, indicaron los mismos medios.
