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Un informe desvela que el Ayuntamiento de Castro perdió suelo valorado en 1,3 millones

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Un informe desvela que el Ayuntamiento de Castro perdió suelo valorado en 1,3 millones

El juez imputa a una veintena de técnicos y políticos por haber otorgado concesiones de terrenos que iban contra el Plan General

29.01.12 - 02:29 -
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El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha dejado de percibir 1.328.000 euros en concepto de suelos destinados a equipamientos públicos, según revela un informe pericial elaborado por técnicos del Ejecutivo cántabro a instancias del juez Luis Acayro. El documento cifra en esta cantidad los 1.957 metros cuadrados que, según sostiene el magistrado, no fueron cedidos al Consistorio por el desarrollo urbanístico de la zona de Santa Catalina. Un concejal, los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, otros trece exediles y un extécnico, han sido imputados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística y deberán abonar una fianza. Además, otros tres funcionarios tendrán que hacer frente a la décima parte del valor del suelo. Acayro también pretende informar sobre el procedimiento a las entidades financieras acreedoras que puedan estar vinculadas a una de las unidades de ejecución sobre la que hay sospechas para que puedan personarse en el caso.
Los arquitectos regionales han dictaminado que las unidades de ejecución se llevaron a cabo sin coordinación entre ambas, «obviando las determinaciones del Plan General». El área no cedida al Consistorio, sostienen, está considerada «imprescindible» para la edificación de inmuebles públicos. Por ejemplo, se preveía levantar un teatro y una piscina cubierta. Los expertos también denuncian que en Santa Catalina se ha construido la Avenida de la Libertad de forma «incompleta» e «irregular», se han creado viales internos de acceso a las viviendas «no contemplados en el Plan General», y se han reducido los metros cuadrados que debían ser destinados a infraestructuras de interés público.
La petición de fianzas a las personas imputadas por estas supuestas irregularidades no es nueva. El juez Acayro ya exigió garantías en el 'caso Santa Catalina', antes conocido como 'caso Urdicam'. En un auto de diciembre de 2009 requirió el abono de siete millones de euros, cifra que debía ser asumida a partes iguales por los promotores inmobiliarios, los políticos y técnicos municipales, pero el sobreseimiento en julio del pasado año de las causas contra los constructores limitó la responsabilidad a exconcejales y funcionarios.
La anulación de los supuestos delitos de estafa, contra la ordenación del territorio y falsedad en documento público redujo las imputaciones a delitos de prevaricación. La Audiencia de Cantabria se encargó de rebajar el contenido de las acusaciones del juez instructor, que, en parte, fundamentaba la «ilegalidad» de las obras en que se habían construido sobre un arroyo, cuya existencia el tribunal no consideró demostrada.
«Nervioso no, harto»
Fernando Muguruza defiende su inocencia y sitúa la acusación en el marco de una «caza de brujas». Afirma que «no hay causa, porque no se han perdido los metros cuadrados que se reclaman. Apoya su defensa en el auto de la Audiencia cántabra que exculpó a las constructoras y negó la tesis de Acayro que insistía en que las unidades de ejecución se habían edificado sobre un río. «No permite que se desarrolle la democracia en Castro. Lleva un lustro instruyendo casos sin sustancia, y, probablemente, seguirá sometiéndonos a esta situación durante otros cinco años», criticó Muguruza, que dice no estar nervioso, sino «harto». «Sigo sin explicarme cómo en el entorno judicial no se les abren las carnes a los jueces viendo lo que aquí sucede», zanjó.
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