El juzgado de Primera Instancia de Gernika ha imputado al alcalde de Errigoiti, Iñaki Madariaga (PNV), por un presunto delito electoral tras detectarse 32 empadronamientos «ilegales» en el censo local para las elecciones municipales y forales celebradas el pasado mes de mayo.
La pequeña diferencia de votos que permitió al PNV lograr su cuarto concejal y la mayoría absoluta en la localidad llevó a los representantes de Bildu a «rastrear» la lista de vecinos con derecho a voto. La operación deparó sorpresas como que varias personas residentes en Galicia aparecían empadronadas en Errigoiti. De al menos otra quincena se decía que residían en viviendas inexistentes, medio derruidas o alquiladas a terceras personas.
Ante la imposibilidad de impugnar el proceso electoral, la coalición abertzale presentó en octubre una querella criminal contra Madariaga. «El entonces candidato a ser elegido trasladó a personas en su vehículo particular y, antes de entrar al colegio, les entregó votos. Hasta un ertzaina le recriminó la actuación», denunció entonces la abogada Jone Goirizelaia tras asegurar que estos hechos están «grabados». Además asegura que está «constatado» que algunas personas empadronadas «han tenido que hacerlo para obtener un puesto de trabajo, conseguir la recalificación de un terreno y obtener permisos».
Tras analizar la denuncia, el juez reconoce que pueden existir «indicios para creer que los delitos por los que se imputa al alcalde son electorales. Se abrirá un proceso para aclarar los sucesos ocurridos y Madariaga tendrá que dar explicaciones», celebraron ayer portavoces de Bildu mediante un comunicado. La querella interpuesta contra el primer edil de Errigoiti y «contra cualquier persona que resulte responsable de estos hechos» reclama responsabilidades por «tres» delitos contra la Ley Electoral. La norma pena expresamente a quien, «por dádiva o recompensa, le diga a una persona a quién tiene que votar, a quien hace manipulaciones fraudulentas del censo y a quien hace propaganda el día electoral».