Los gobiernos central y vasco buscan hoy una estrategia común ante el fin de ETA

Una reunión para encarar de manera conjunta el final de ETA no exenta de cierta polémica. Los responsables de Interior de los gobiernos central y vasco celebran hoy en Leioa su primer encuentro cara a cara tras la llegada del PP al Ejecutivo central y con el anuncio del cese definitivo de ETA como telón de fondo. Jorge Fernández Díaz y Rodolfo Ares, acompañados de sus respectivos equipos, mantendrán una primera toma de contacto en el Palacio de Artaza por espacio de algo más de hora y media. El ministro y el consejero vasco ya han conversado por teléfono en varias ocasiones, pero con la cita de hoy pretenden evidenciar que se va a perpetuar la unidad de actuación que ambos gabinetes protagonizaron con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

El encuentro protocolario de hoy tendrá, sobre todo, el valor de una imagen: la de ver juntos a los principales responsables de la lucha antiterrorista. Además de Fernández Díaz y Ares, estarán el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el viceconsejero de Seguridad, Miguel Buen, el director de la Ertzaintza, José Antonio Varela y el delegado del gobierno, Carlos Urquijo.

Sobre la mesa tendrán cuestiones como la situación de los presos, el centro de la memoria, y la retirada paulatina de las escoltas a ciudadanos amenazados. Temas sobre los que ambos gobiernos no han escondido sus discrepancias. El Ejecutivo autónomo se ha mostrado favorable a modificar la actual política penitenciaria con el objetivo de asentar el actual escenario político, siempre dentro de los límites que establece la ley. Así lo expuso el lehendakari, Patxi López, en septiembre, en el pleno de política general del Parlamento vasco. Una visión que choca con la del gabinete de Mariano Rajoy, que descarta hacer cualquier gesto con los reclusos etarras hasta que la banda terrorista anuncie su disolución. De hecho tanto Ares como Fernández Díaz pretenden pasar hoy de puntillas sobre este tema a la espera de que el presidente del Gobierno y el lehendakari mantengan una reunión en La Moncloa en las próximas semanas.

Más sintonía evidencian en la apuesta de las dos administraciones por bajar un nivel la protección a los amenazados y quitar guardaespaldas tras el anuncio del final de ETA. Como publicó este periódico el pasado sábado el ministerio ha iniciado el proceso para retirar las escoltas, algo que contrasta con el recelo del PP vasco al recorte de la seguridad anunciado por López.

Así lo reconoció ayer el ministro tras reunirse con su homólogo de la Generalitat catalana, Felipe Puig. Jorge Fernández Díaz sostuvo que los cambios en la protección personal obedecen a la necesidad de recortar gastos ante la voraz crisis económica que sufre el país. «Las obligaciones presupuestarias nos obligan a racionalizar estos servicios», aseguró antes de advertir que cualquier decisión se tomará tras un «estudio individualizado de cada caso» y tener constancia de que «la seguridad personal no quede perturbada».

La visita a Euskadi del máximo responsable de Interior llega, no obstante, precedida de cierta polémica. Fernández Díaz anunció ayer, en esa misma comparecencia, el regreso de la extorsión etarra tras dar por buena una información de un medio de comunicación madrileño. El ministro vinculó al 'impuesto revolucionario' una campaña de simpatizantes de la izquierda abertzale en la que reclaman a los pequeños comercios donaciones para los presos y sus familiares. A preguntas de los periodistas, aseguró que la extorsión etarra se había producido en torno a las fiestas navideñas «de una manera más delicada» que cuando la banda terrorista estaba activa.

«Trampas mediáticas»

Una acusación que fue desmentida poco después tanto por el Departamento vasco de Interior como por la izquierda abertzale. Fuentes del Ejecutivo autónomo reconocieron no tener constancia de esa campaña de recaudación ni de que existan denuncias al respecto. La antigua Batasuna, por su parte, acusó al ministro de recurrir «a la intoxicación» para poder justificar «su postura inmovilista» y calificó sus palabras como «trampas mediáticas y falsedades».

Fernández Díaz también sembró ciertas dudas sobre la voluntad de ETA de dejar las armas. Preguntado sobre la investigación abierta en Francia tras la reciente detención de tres etarras, el ministro dijo no tener «ninguna duda» de que tenían la «intención de reconstruir en estado latente el aparato logístico de ETA». El responsable antiterrorista se aferró, en este sentido, a que los tres arrestados llevaban material explosivo. Una tesis que contradice la versión de los jueces franceses. Como adelantó este periódico, los investigadores galos han llegado a la conclusión provisional de que estaban vinculados al aparato de falsificación de ETA. Solo portaban un detonador en la guantera para destruir el coche robado que utilizaban.

Ayer mismo, Fernández Díaz insistió en su opinión al asegurar que el Gobierno tiene «motivos sobrados» para dudar de «las buenas intenciones de ETA» y ha asegurado que creerá que la banda terrorista ha dejado de actuar «el día que deje definitivamente de existir» porque por ahora, «siguen ahí como una larva».