Expertos plantean sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos

Convertir el Valle de los Caídos en un mausoleo de la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil, despojándole de cualquier connotación política e ideológica, pasa por exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos al lugar que designe su familia, un sitio que sea considerado «digno y más adecuado». Ésta es la recomendación final de la comisión de expertos creada en mayo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para elaborar un informe sobre el futuro del conjunto monumental y que ayer publicó sus conclusiones. Sin embargo, tres de sus doce miembros rechazaron trasladar la sepultura de Franco por el impacto negativo que podría tener en la opinión pública. De todas formas, el informe no es vinculante y la decisión final dependerá del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Los técnicos que votaron a favor de mover los restos del dictador de la finca de Cuelgamuros invocaron la necesidad de que el Gobierno busque «los más amplios acuerdos parlamentarios» y negocie con la Iglesia la oportuna autorización. Esto es así porque la basílica del complejo donde se encuentra enterrado Francisco Franco y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, depende de la autoridad del abad benedictino de la Santa Cruz del Valle, mediante acuerdos de la Santa Sede de 1979, por lo que cualquier modificación requiere su consentimiento. No así para el resto del cementerio-osario, que pertenece al poder público.

Para el caso de Primo de Rivera, la comisión entiende que, dada la dignidad de las 33.847 personas allí enterradas, sus restos «no deben ocupar un lugar preeminente» en la basílica. Por este motivo, cualquier decisión que adopte el futuro Gobierno del Partido Popular debería de contar con el beneplácito del monje Fray Anselmo Álvarez. De lo contrario, se estarían incumpliendo los acuerdos con la Santa Sede.

Precisamente, esta negociación y sus hipotéticas dificultades legales es uno de los argumentos que esgrimen los expertos que han emitido un voto particular sobre este asunto. Se trata del catedrático de Derecho Constitucional José González-Trevijano, el consejero de Estado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y el catedrático de Historia Feliciano Barrios. Los tres alegan que en caso de una negativa del abad habría un hipotético recurso a su superior jerárquico, el Papa Benedicto XVI, lo que supondría una negociación de carácter internacional.

Momento «inoportuno»

De la misma forma, estos expertos señalan la «inoportunidad» del momento, ya que contribuiría a «dividir y radicalizar» a la opinión pública. «Para una parte no pequeña de los españoles supondría una descalificación de un largo período de la historia y para otra parte resultaría muy ingrato trasladar sus restos porque se trata de un jefe del Estado», dicen. Para ello hacen referencia a la «graves» circunstancias económicas, sociales y políticas presentes y señalan que cualquier exhumación sería «impropia» de la sociedad occidental.

En cualquier caso, el abad ha reiterado que harán lo que desee la familia del dictador y ésta parece de momento dividida, aunque la hija Carmen Franco dijera en octubre a los expertos que no tenía intención de remover los restos. Sin embargo, tanto la comisión como algún otro miembro de los Franco, caso de su nieto Francis, recordaron que la intención inicial era llevar su cuerpo al mausoleo familiar en el cementerio municipal de El Pardo, donde está enterrada Carmen Polo, mujer del general.

Sobre el resto de las quince recomendaciones finales hubo un consenso más amplio. Éste incluye la necesidad de intervenir lo más rápido posible ante el «grave deterioro» del templo, una obra presupuestada en 13 millones de euros; crear un centro de interpretación; mantener el nombre de Valle de los Caídos; recolocar los restos de los osarios en columbarios nuevos y rescatar del anonimato a las más de 12.000 víctimas sin identificar.

El resto de los miembros de la comisión son el catedrático de Filosofía del Derecho Virgilio Zapatero, los historiadores Carme Molinero, Alicia Alted y Ricard Vinyes, el antropólogo Francisco Ferrándiz, el investigador del CSIC Manuel Reyes, el monje benedictino Hilari Reguer, la filósofa Amelia Valcárcel y el director adjunto del Ministerio de la Presidencia, Carlos García de Andoain.

El informe está en poder ya del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, quien lo remitirá en las próximas horas a todos los grupos parlamentarios. Jáuregui defendió ayer que el futuro del Valle de los Caídos es un asunto «pendiente» para España y «una necesidad». «No es un acto de sectarismo, es un acto de reconciliación y de justicia», sostuvo antes de pedir «por favor» al próximo Gobierno que no «entierre en el cajón» los trabajos de la comisión de expertos.