Rajoy excluye a Amaiur de su ronda de contactos con los partidos

La 'número dos' del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que Mariano Rajoy mantendrá en los próximos días «contactos informales» con todos los grupos con representación parlamentaria, a excepción de Amaiur, que ha obtenido siete diputados. Una decisión que justificó en su convencimiento de que la coalición abertzale «persigue objetivos que no contempla la Constitución».

Cospedal no desveló, sin embargo, si el futuro Gobierno popular impulsará la ilegalización de este grupo -formado por la izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar- al que insistentemente ha considerado como «herederos» de la antigua Batasuna. Se limitó a señalar que el PP hubiera preferido que Amaiur no hubiera logrado representación en las elecciones del domingo, pero se tomará las cosas con «prudencia» para gobernar dentro de los principios que el partido defiende, aunque sí destacó que, con esta decisión, Rajoy desatiende la propuesta de «mano abierta» que hizo la coalición el mismo día de los comicios para «solucionar el problema político» del País Vasco.

Al término del comité ejecutivo en el que los conservadores analizaron el resultado del 20-N, la secretaria general subrayó que la promesa que realizó Rajoy tras ganar las elecciones de «contar con todos» no era «protocolaria», por lo que empezará de manera inmediata las conversaciones con el PSOE, más allá de los encuentros formales para el traspaso de poderes. El arranque de la ronda con los socialistas se debe a que este partido aglutina las dos terceras partes de los votos conseguidos por la oposición.

Las entrevistas darán comienzo una vez que concluya el proceso de traspaso que hoy mismo iniciarán el PP y el Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero, explicó Cospedal. El presidente popular quiere demostrar que ni el «histórico» éxito que obtuvo en las urnas ni la presión de los mercados internacionales le harán variar sus tiempos. Esto significa que habrá que aguardar hasta el debate de investidura, en torno al 20 de diciembre, para conocer el plan económico que piensa aplicar para reactivar la economía y cumplir con el compromiso de reducir el déficit del Estado hasta el 4,4% en 2012.

Rajoy, pese a la expectación propia del día después de las elecciones generales, eludió ayer las comparecencias públicas y ni siquiera permitió que fuera divulgada su intervención ante el comité ejecutivo nacional. Informó a la cúpula de su partido de la designación de Soraya Sáenz de Santamaría como máxima responsable de la comisión que gestionará el traspaso de poderes con el Ejecutivo saliente, según informó María Dolores de Cospedal. Su interlocutor por parte del Gobierno socialista será el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui

La decisión de Rajoy muestra a las claras que Sáenz de Santamaría, a la que situó como 'número dos' al Congreso por Madrid, es una dirigente de su más absoluta confianza y que ocupará un lugar preferente en su gabinete, que se conocerá el 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. Hasta entonces, y según señaló Cospedal, la intención del presidente popular es mantener en secreto su composición, incluido el nombre del ministro de Economía, pese a la expectación internacional que ha despertado quién desempeñará esta delicada función.

La 'número dos', a la sazón presidenta de Castilla-La Mancha, aseguró que Rajoy había transmitido su «satisfacción» por la conversación telefónica que mantuvo con José Luis Rodríguez Zapatero, en la que ambos se habrían comprometido a un traspaso de poderes «modélico». Negó, en contra de lo que habían planteado otros dirigentes de su partido, como Miguel Arias Cañete, que quisiera saltarse los plazos legales para acometer este relevo ante la «delicada situación económica». Cospedal sí indicó que intentaría «acelerar al máximo» dicho trámite, pero siempre respetando lo que marca la ley.

Los «deberes» de España

En su alocución a puerta cerrada, Rajoy interpretó el apoyo de los españoles al cambio que ofrecía el PP como «un claro mandato para poner orden y cumplir con los deberes de España». Reafirmó el compromiso «inequívoco» con Europa y el euro, pero reclamó ayuda para solventar los problemas de la deuda soberana española.

De hecho, indicó que España «no puede seguir financiándose al 7%» de intereses, y reclamó una «acción coordinada» de todas las instituciones europeas para poner fin a esta situación, en lo que pareció un claro llamamiento al Banco Central Europeo para que compre más deuda española. También reclamó que se «premie» a los países que cumplen con sus obligaciones (entre los que sitió a España) frente a los que no lo hacen. Tal posicionamiento dista mucho del que mantenía antes de las elecciones. Rajoy, como jefe de la oposición y como candidato, responsabilizó en numerosas ocasiones al Ejecutivo socialista de las turbulencias de la deuda soberana española a la vez que reprochaba a Zapatero que intentase «escudarse» en la situación internacional.

El adelanto de los comicios generales obligó al PP a posponer su congreso nacional que, finalmente, se celebrará del 17 al 19 de febrero en un lugar por determinar de Andalucía, según comunicó el propio Rajoy a sus líderes regionales. La principal incógnita será si Cospedal continúa al frente de la secretaría general cargo que ocupa desde junio de 2008- o delega en otra persona ante sus obligaciones en Castilla-La Mancha.

Además de Rajoy, otros dirigentes tomaron la palabra en el comité ejecutivo. Destacó la intervención de José María Aznar, ausente de los encuentros de la cúpula popular desde 2003, quien pidió para Rajoy «el mismo apoyo» que el partido le brindó a él tras ganar en 1996.